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Negociación contra reloj por la 'ley Sinde'

Gobierno y Partido Popular ultiman un acuerdo para salvar la norma antidescargas en el Senado - El Ejecutivo ofrece más garantías judiciales para cerrar una web

El Gobierno y el Partido Popular ultiman un acuerdo para suavizar la ley Sinde que garantice su salvación en el Senado. Los negociadores de ambos grupos tienen de plazo hasta última hora de hoy para redactar una enmienda conjunta que permita el rescate de la norma antidescargas tras su fracaso en el Congreso. El tira y afloja de la negociación está en las medidas de control judicial. El PP quiere introducir mayores garantías judiciales en todo el proceso de cierre de una página web que facilite sin permiso las descargas de archivos protegidos por derechos de autor. Ayer, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, se reunieron para rematar el acuerdo.

El canon digital ha sido uno de los puntos calientes en el vaivén negociador

Una vez alcanzado el acuerdo con el PP se intentará con CiU y PNV

El PP quiere que todo el proceso de cierres se haga con autorización judicial

El proyecto tiene hoy, en su paso por la Cámara alta, su última oportunidad

Fuentes de ambos partidos coincidieron en que hay voluntad y que la solución está cerca. Pese a los matices sobre la fórmula para mejorar las garantías jurídicas, tanto el PSOE como el PP son conscientes de la necesidad de una ley que facilite la clausura de páginas web que sirvan sin autorización contenidos protegidos. Ambos grupos han recibido presiones tanto de los creadores como de todo tipo de instancias políticas, incluida la Embajada de EE UU, según probaron los cables de Wikileaks publicados por EL PAÍS. El PP también es sensible a la presión en Internet, por eso busca una fórmula garantista que pueda vender como un triunfo propio ante los más críticos con la ley Sinde.

Un miembro del Gobierno señaló ayer su plena confianza en que hoy se pueda presentar oficialmente un acuerdo en forma de enmienda a la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible (LES). "Entre los partidos políticos hay una manifiesta coincidencia en el objetivo, que es acabar de una vez con la piratería", aseguraron fuentes del Ejecutivo.

La propuesta que maneja el Gobierno aporta mayores garantías judiciales al proceso. Según el texto renovado, el juez no solo intervendría cuando haya que ejecutar el cierre de la web, tal y como está contemplado en la formulación actual de la ley Sinde, sino también en la primera fase. Populares y socialistas están de acuerdo en que sea un órgano administrativo, como la comisión creada por la norma antidescargas, la que inicie el proceso, pero el PP insiste en que todo lo relativo a los derechos fundamentales, como la investigación sobre quién es responsable de una web, cuántos usuarios tiene o, en general, el acceso a datos confidenciales, se haga con autorización judicial.

Tras días de intensos acercamientos entre el PP y el Gobierno, a los que también se ha unido Convergència i Unió, celebrados en un clima "positivo y cordial", ayer por la tarde, una vez terminada la convención del Partido Popular en Sevilla, González-Sinde y Sáenz de Santamaría mantuvieron una reunión para aproximar posturas. El encuentro pretendía culminar los contactos iniciados el pasado jueves -fecha clave en la negociación-, cuando el PP exigió a Cultura intensificar el control judicial.

El canon digital ha sido también uno de los puntos calientes en el vaivén de la negociación en los últimos tiempos. El Gobierno estaría dispuesto a adaptar el canon, sin eliminarlo, a la sentencia de Luxemburgo (el tribunal consideró que el canon se aplica indiscriminadamente en España porque las personas jurídicas y las Administraciones deberían estar exentas de pagar el gravamen por copia privada) en el plazo de seis meses.

Una vez alcanzado el acuerdo con el PP, básico en el Senado (allí los populares son mayoría), el PSOE intentará incorporar a CiU y al PNV. Este último grupo se descolgó del acuerdo en el Congreso, lo que hizo precipitar el fracaso de la ley. El PSOE intentó salvarla con CiU, pero los nacionalistas catalanes, a través de su portavoz Josep Lluís Sánchez Llibre, insistieron en que estaban de acuerdo con la reforma, pero no aceptaban que se les fuera a buscar a última hora sin haber negociado el resto de la Ley de Economía Sostenible, en la que está incrustada la norma antidescargas.

El PSOE intentó entonces un acuerdo con el PP, y Ramón Jáuregui negoció un texto alternativo con Soraya Sáenz de Santamaría. Todo parecía hecho, pero al final la negociación se rompió y los socialistas se negaron a aceptar la reforma propuesta en la enmienda del PP redactada por el portavoz de Cultura en el Congreso, José María Lassalle.

Crónica de un embrollo legislativo

- En diciembre de 2009 el Gobierno incluye una disposición adicional en la Ley de Economía Sostenible (LES) para lograr el cierre de páginas web que faciliten la descarga de archivos protegidos por derechos de autor. No se persigue al internauta particular que realice las descargas sino solo a los responsables de las páginas de enlaces. El Congreso pretende tramitar sin debate el conjunto de la LES, pero grupos como PP, PNV y el Grupo Mixto desean que se discutan por separado las enmiendas de la disposición que incluye la llamada ley Sinde.

- Un año después, las principales páginas web españolas de descargas y enlaces con contenidos sujetos a derechos de autor servidos sin autorización amanecen con sus portadas en negro y un mensaje sombrío: "Si se aprueba la ley Sinde, esta página desaparecerá, Internet será una tele más al servicio del poder. No a la censura. No a la ley Sinde. No al cierre de webs".

- El 21 de diciembre el Congreso tumba la ley Sinde. Con la Red al rojo vivo y en medio de frenéticas negociaciones, la comisión vota en contra de la disposición final de la LES. Los creadores claman contra la clase política. La ministra niega que vaya a dimitir.

- El 15 de enero, la ley llega al Senado, donde PSOE y PP prorrogan el plazo para rescatar la norma antidescargas. La judicialización es el principal escollo que impide hasta ahora el éxito de la negociación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 24 de enero de 2011

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