Puig anuncia "el fin de la impunidad" de los antisistema tras el desalojo en la Via Laietana

Barcelona inaugura una nueva etapa en su relación, a menudo conflictiva, con los colectivos antisistema. El desalojo exprés del antiguo Palacio del Cine, ocupado por más de 400 personas, es un claro ejemplo de la voluntad de Felip Puig de acabar con la "impunidad" de la que, a su juicio, gozan los activistas en la ciudad. El consejero de Interior aplaudió ayer la "contundente" e "impecable" actuación de los Mossos d'Esquadra y lanzó un aviso a navegantes: "Se ha acabado la impunidad para los que piensan que ocupar propiedades y alterar el orden público forma parte del paisaje de Barcelona".

Los poderes públicos parecen haber aprendido la lección del edificio Banesto, asaltado con motivo de la huelga general del 29 de septiembre de 2010. En aquella ocasión, la policía no pudo entrar y los activistas transformaron el inmueble, en la plaza de Catalunya, en una base de operaciones para montar piquetes. La jornada dejó una ola de disturbios, con decenas de heridos y detenidos.

Los antisistema trataron de repetir estrategia con la ocupación de otro edificio emblemático y de grandes dimensiones: los multicines de la Via Laietana, a escasos metros de la antigua sede de Interior. Los okupas lamentaron ayer el desalojo, que tacharon de "ilegal", y aseguraron que solo celebraban una asamblea para preparar la huelga del jueves. El paro, contra la reforma de las pensiones, está secundado por los sindicatos CGT, CNT y SOC, que, aunque minoritarios, tienen una fuerte presencia en el transporte público. Su objetivo es paralizar la ciudad colapsando la circulación.

La ocupación masiva de los antiguos cines, que llevan 10 años cerrados, se produjo el sábado, durante una manifestación para llamar a la huelga. El colectivo, sin embargo, sostiene que algunas personas llevan allí desde el martes y exhibe vídeos supuestamente grabados en el interior como prueba. Fuentes policiales subrayan que puede ser una estrategia para evitar el desalojo exprés, que solo puede hacerse dentro de las primeras 24 horas desde la ocupación, si hay denuncia del propietario y con el visto bueno judicial.En otras circunstancias, el proceso judicial puede alargarse mucho más. Eso es, precisamente, lo que quiso evitar el Departamento de Interior, con el recuerdo de lo que ocurrió en el Banesto. Puig, además, quiso marcar distancias con su antecesor, Joan Saura, y lanzar el mensaje de que, cuando es necesario,la policía está para poner orden de forma contundente.

A las siete de la tarde, la manifestación llegó a la Via Laietana y decenas de jóvenes entraron en el edificio ante la sorpresa de los Mossos, que no esperaban aquella acción en medio de una marcha autorizada que debía culminar en la plaza de Sant Jaume. La maquinaria para acometer el desalojo se puso en marcha, de forma que tres horas después la policía autonómica había informado al juez. A las once de la noche, los antidisturbios usaron una sierra radial y una maza para entrar en el edificio y sacar, uno a uno, a los ocupantes.

El desalojo fue pacífico y no hubo detenciones, aunque los portavoces del colectivo denunciaron agresiones y aseguraron que los Mossos no quisieron negociar otra salida en ningún momento. Los 418 ocupantes (62 de ellos, extranjeros de 18 nacionalidades distintas) fueron identificados. En la marcha también hubo pequeños incidentes y las cargas policiales dejaron seis mossos con contusiones y diversas personas heridas leves.

Ante la advertencia de que podría haber disturbios en la manifestación, el consejero Puig decidió modificar su agenda y pasó la tarde al frente del centro de coordinación operativa. Le acompañó el nuevo director general de la policía, Manel Prat, que permaneció allí hasta que acabó el desalojo.

En su primera prueba de fuego al frente de uno de los departamentos más complicados del Gobierno catalán, Puig estuvo al lado de los responsables del operativo para "acelerar" las gestiones. La suerte para Interior fue que en poco tiempo se logró dar con el propietario y exhortarlo a poner una denuncia. Esta se presentó ante el juez de guardia, que autorizó la entrada, según Interior. "Todo se hizo correctamente", insistió Puig.

La contundencia del desalojo y, sobre todo, el mensaje de mano dura de Puig en relación con los colectivos antisistema ha sido bien recibido por los Mossos, después de cuatro años de fuertes recelos hacia Saura.

Los okupas también intuyen que las cosas han cambiado. "Es un regreso a las tácticas de la ex delegada del Gobierno con el PP Julia García-Valdecasas", denunció el dirigente de la CGT, Ermengol Gassot, ayer al mediodía, frente a los multicines, que permanecían cerrados a cal y canto. Gassot denunció la "represión" y la "humillación" a la que, a su juicio, se vieron sometidos, y acusó a los policías de "disfrazarse" de activistas para provocar disturbios.