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Columna
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Salt: del caso a la categoría

Joan Subirats

Tiene razón Iolanda Pineda, alcaldesa de Salt, cuando dice que "no todo pasa en Salt". Lo ocurrido en estos últimos días en el municipio gerundense no es únicamente relevante por lo que allí ha ido aconteciendo. Lo es, sobre todo, por lo que tiene de paradigma del gran debate subterráneo que se está librando en torno a quién culpamos de lo que nos está ocurriendo. Lo es, asimismo, por cómo vamos digiriendo el gran cambio acaecido en pocos años en la composición social del país. Lo es ya que, sin duda, va marcando lo que será uno de los temas estrella en la ya inmediata campaña para las municipales del 22 de mayo. Como recordaba la propia alcaldesa en su diálogo digital con los lectores de EL PAÍS, Salt ha pasado en pocos años de tener unos mil inmigrantes a contabilizar más de 14.000 en una población de 40.000 empadronados. Muchos trabajan en Girona o en otros municipios de la conurbación que rodea a la capital gerundense, pero viven en Salt. Como ocurre en tantos otros lugares, los problemas son globales, las soluciones parecen locales. Cualquier incidente que en épocas de bienestar continuado serían anécdotas más o menos significativas se convierte en momentos como los actuales, de incertidumbre y de erosión generalizada de las condiciones de vida, en ocasión para desplegar prejuicios y buscar blancos fáciles en los que cargar sinsabores y desasosiegos.

La Cataluña de 2020 necesita construirse desde la aceptación de la pluralidad y diversidad actuales

Los comentarios de algunos lectores en las webs de los periódicos que informaron sobre los hechos de Salt demuestran que la problemática es mucho más general. Algunos aprovechan cualquier ocasión para sacar toda su bilis y estigmatizar a los inmigrantes identificándolos con los delincuentes, exigiendo endurecimiento sin fin de la represión o postulando la creación de milicias populares para castigar sin mediaciones jurídicas ni policiales a los inmigrantes delincuentes. Da igual que los datos nos hablen de mezcla de "nacionales" y extranjeros en los incidentes, da igual que se constate la presencia de elementos de la extrema derecha azuzando y provocando. Todo se simplifica si usamos la divisoria nosotros y ellos. La mala noticia es que una gran parte de las fuerzas políticas democráticas, en vez de combatir sin tregua esas manifestaciones que subvierten la convivencia, prefieren seguir la corriente. Un concejal de CiU en Reus habla de la superioridad de los valores occidentales. Algunos alcaldes socialistas presionan para que se discrimine negativamente a los inmigrantes en sus procesos de inserción o de reagrupamiento si cometen faltas o son objeto de sanciones. Y los del PP, más desinhibidos, hablan ya de certificados de buena conducta específicos para inmigrantes. Cuando la preocupación por los votos aprieta, van acabándose el buenismo, las palabras huecas y las buenas maneras de lo "políticamente correcto". El debate sobre la situación de los inmigrantes en Cataluña es, de hecho, un debate sobre en qué sociedad queremos vivir. No tiene nada de cultural ni de antropológico. Es puro conflicto social y político. Y está en marcha en toda Europa.

Hace unos días se presentó en el CCCB el libro editado por Pep Subirós Ser immigrant a Catalunya (Edicions 62). La virtud del volumen es que hay poca interpretación y mucha voz directa de los que, viniendo desde muy lejos, han decidido quedarse a vivir en Cataluña. Lo que queda claro es que hay un punto de partida fundamental para encarar el tema: la acomodación de unos y otros no vendrá por un proceso unilateral de adaptación de los recién llegados a las leyes y costumbres del país, sino a través de un proceso continuo de reconocimiento, intercambio y aprendizaje mutuo, con normas y prácticas compartidas, con derechos y deberes iguales para todos. La Cataluña de 2000 no podía entenderse sin la aportación y los cambios provocados por la inmigración de los años sesenta. La Cataluña de 2020 necesita construirse desde la aceptación de la pluralidad y diversidad actuales. El conflicto es social y político. Y las elecciones del 22 de mayo apuntan a un enrarecimiento general de la convivencia. Entendiéndolo así, SOS Racisme convoca para el 19 de marzo un gran acto en Barcelonapor la democracia y contra el racismo. Aún estamos a tiempo.

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