PSOE y PP pactan más medidas para estrechar el cerco a los radicales

PSOE y PP dieron ayer un nuevo paso para combatir legalmente al entorno de ETA y dotar al Estado de más instrumentos para hacerle frente.

Lo hicieron por sorpresa y en el Senado. Concretamente, se trata de precisar en el Código Penal las posibilidades para cerrar cautelarmente las llamadas herriko tabernas (sedes sociales de la izquierda abertzale), cuando haya una acusación de asociación ilícita contra sus titulares. Ahora hay dificultades legales para tomar esta medida cautelar cuando el titular de esas herriko tabernas son personas jurídicas.

El Ministerio de Justicia remitió ayer al Grupo Parlamentario socialista una enmienda en la que se precisa el artículo 570 del Código Penal que acaba de entrar en vigor. En ese artículo se incluye una referencia a los delitos de terrorismo para que las medidas cautelares que permiten disolver personas jurídicas se extiendan a ese tipo delictivo.

La legislación actual dificulta las medidas cautelares contra los locales

La modificación se incluye en la Ley Electoral, que se aprobará este mes

Lo más sorprendente es el método utilizado para esa reforma, porque se ha hecho con una enmienda introducida en el Senado a la ley electoral y que modifica el Código Penal recién aprobado. Esta forma de legislar ha sido utilizada últimamente de forma reiterada por el Gobierno y consiste en usar una norma en trámite para modificar otra con una disposición que se incluye como enmienda.

La enmienda del PSOE, aceptada por el PP, aprovecha para hacer otras correcciones técnicas al flamante Código Penal, como eliminar una reiteración sobre la prescripción de los delitos de calumnias e injurias que se mantiene en un año. El texto que salió de las Cortes reiteraba esa salvedad y ahora se ha eliminado una de ellas, a través de la ley electoral.

De esta forma, se evita parte del trámite parlamentario, puesto que esta reforma no pasará en el Congreso por la ponencia ni la comisión. Se aprobó ayer en la Comisión Constitucional del Senado, se debatirá y votará en la Cámara Alta la semana que viene y a finales de este mes en el Congreso. Estos cambios legales no pasan tampoco los trámites de informes preceptivos pero no vinculantes en el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía. Esta técnica legislativa fue utilizada para limitar la jurisdicción universal, para limitar el mandato de magistrados del Tribunal Constitucional o para ayudar a constructoras en dificultades.

En este caso, la "percha" es la reforma de la ley electoral que pactaron PSOE y PP y que cierra los agujeros por los que podría colarse la izquierda abertzale en las instituciones, incrementando los mecanismos para evitar que se presente ya a las elecciones municipales y forales de mayo.

Esa reforma legal alarga los plazos de impugnación de candidaturas que pueden llegar ahora hasta el mismo día de las elecciones. Se impide también que partidos ilegalizados usen las listas de formaciones legales, al permitir que se anulen candidaturas sin necesidad de ilegalizar todas las de ese grupo legal. Por último, se crea la incompatibilidad sobrevenida, es decir, que se pueda quitar el cargo electo a quien no condene la violencia si se ilegaliza a su partido.

José Antonio Bermúdez de Castro, ponente del PP en el Congreso de esta reforma legal, asegura que se trata de cerrar todas las vías posibles para impedir que Batasuna o cualquiera de sus marcas se presente a las elecciones.

No obstante, afirma que la ley en vigor ya es aplicable y solo requiere voluntad política del Gobierno para recurrir y buscar las pruebas, porque el último comunicado de ETA, en su epílogo, no solo no condena la violencia, sino que anuncia que seguirá con el terrorismo.