El viaje de la banda desde el pulso al Estado a la liquidación por el derribo

El 29 de marzo de 1992, la policía francesa detuvo en Bidart a Francisco Mujika, Pakito; José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y José María Arregi Erostarbe, Fitti, que conformaban Artapalo, es decir, el triunvirato que encarnaba la dirección política y militar de ETA. La banda en aquel momento estaba en su apogeo, lanzaba un pulso al Estado y no se alcanzaba a vislumbrar su final. Casi 19 años después -de los 52 desde su creación el 31 de julio de 1959- Pakito y Txelis han sido expulsados de la organización y la liquidación por derribo aparece en el horizonte como el más previsible remate de su sangrienta andadura.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? La respuesta tiene que ver con un conjunto de factores, como la colaboración francesa e internacional, la presión policial y el sucesivo descabezamiento de la hidra terrorista por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero, sobre todo, con el estrangulamiento político y económico del entorno de la banda, con las ilegalizaciones e incautaciones de los medios de financiación, en las operaciones contra Batasuna, las herriko tabernas, o los aparatos mediático, internacional o de dinamización de masas, como KAS o Ekin, realizados por los jueces de la Audiencia Nacional, especialmente Baltasar Garzón.

Las ilegalizaciones y la asfixia financiera ahogan al entorno etarra

Garzón anticipó que la banda no la constituyen solo sus 'comandos'

Mientras en los últimos años ha habido más de una veintena de operaciones, especialmente en Francia, para decapitar los aparatos militar, político o logístico de ETA, paralelamente se han desarrollado una quincena de intervenciones para resecar las fuentes de financiación y el caudal de apoyo mediático y político paralegal de la banda. La base de esa iniciativa era la tesis de Garzón que sostenía que ETA no eran solo los comandos, sino las estructuras de apoyo controladas y dirigidas desde la jefatura de la banda.

La primera de estas operaciones, en mayo de 1998, se dirigió contra las tramas financieras y poco después contra los aparatos político y mediático del entorno etarra. Todo fue agrupado en un mismo sumario, el 18/98, también llamado caso Ekin. Garzón cerró varias empresas como Gadusmar, Banaka o Ganeko, clausuró el diario Egin, la emisora Egin Irratia, intervino sus empresas editoras y desarticuló KAS y su sucesor, Ekin, el grupo encargado de dinamizar y dirigir todo el apoyo a la banda en su parte legal. Casi 70 dirigentes fueron detenidos y procesados, aunque el sumario avanzó muy lentamente debido a su complejidad.

Ya en marzo de 2001, Garzón lanzó la operación Sugekumea, (cría de la serpiente en euskera), que supuso la desarticulación de Jarrai, la estructura juvenil de apoyo a la banda, y posteriormente de sus marcas de repuesto: Haika y Segi. Hubo 42 procesados, aunque luego se juzgó a 33.

Se les acusó de ser la "vanguardia delegada de ETA en el sector juvenil" y de ser "responsables de la ejecución directa de la kale borroka" en el País Vasco y Navarra. Constituían la verdadera "cantera" de la banda, a la que proporcionaban militantes y cuadros.

Paralelamente, en Francia seguían las detenciones de etarras. El arresto de Ibon Fernández Iradi, Susper, al que le ocuparon cuantiosa documentación, supuso la caída de casi un centenar de activistas que acababan de entrar en ETA o que estaban siendo tocados para su incorporación a la banda. Susper se fugó casi inmediatamente, pero un año después volvió a ser detenido y sus documentos generaron otro desastre en forma de una veintena más de capturas.

En España, mientras tanto, los procesos abiertos seguían su curso y se iniciaban otras operaciones, como contra Gestoras Pro Amnistía y su estructura relevo, Askatasuna. Garzón procesó a 27 integrantes.

Poco después se persiguió a Batasuna y a su estructura de financiación, las herriko tabernas. Son 40 procesados, entre los que están los más destacados cabecillas, como Arnaldo Otegi, Joseba Permach, Rufi Etxeberria o Joseba Álvarez. Les piden 12 años de cárcel. El acoso fue constante, con la ilegalización del partido y las sucesivas marcas -ANV, PCTV, D3M, etcétera- que Batasuna sacó para poder presentarse a las elecciones.

Aunque el caso Ekin era más importante, el sumario de Jarrai fue el primero que se juzgó. El Supremo condenó a 23 de los acusados por pertenencia a ETA a penas de seis años. Esa sentencia marcó el futuro de los restantes procesos.

El macrojuicio de Ekin supuso una frustración para el entorno etarra, que creyó que una tregua de ETA resolvería el problema jurídico. Tras año y medio de juicio, la Audiencia condenó a 47 acusados a elevadas penas. Aunque el Supremo las rebajó en 2009, 43 de los procesados fueron condenados a penas de entre seis y 12 años de prisión como miembros de la banda.

El caso contra Gestoras-Askatasuna fue el siguiente. El Supremo dijo que Gestoras era un instrumento al servicio de ETA y que marcaba los objetivos para futuros atentados. Hubo 20 condenados a ocho años de cárcel.

Las operaciones contra otras estructuras han continuado, mientras en Francia se detenía una y otra vez a la cúpula de la banda. En España se desmontó Udalbiltza -la asamblea de electos de Batasuna- y se impidieron las sucesivas reconstrucciones de esa formación, como Bateragune. Esos procesos serán juzgados este año. El fiscal pide penas de 10 y 12 años. Un futuro entre rejas para los dirigentes y una disolución por derribo para la organización.