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Errores de Mas

Un presidente de Gobierno debe tener las ideas muy claras sobre la definición del buen gobierno, sobre todo si, como Artur Mas, su trayectoria política es sólida, su preparación para la presidencia es larga y su victoria está anunciada con mucha anterioridad. En un momento de cambio político, la configuración del nuevo Ejecutivo de Cataluña debería ser políticamente muy pedagógica y no estar negativamente condicionada por el vaivén de la campaña electoral. Sin embargo, se han cometido errores sobre los valores, la estructura, las personas y el llamado sottogoverno.

Mas se equivoca al considerar que la presencia de consejeros independientes (o, mejor dicho, no afiliados) es un valor del nuevo Gobierno, puesto que ello significa ir a remolque de una opinión pública que tiene mala imagen de la política. Tampoco debería encubrir que el nuevo Gobierno es, en toda regla, un Gobierno de coalición, y la crítica al tripartito no debería haber comportado un menosprecio genérico a los Gobiernos de coalición, ya que es la forma de gobernar más frecuente en los países más democráticos.

Designar a Mascarell es una provocación al 'fair play' político y una incitación al transfuguismo
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En el diseño de la estructura gubernamental el presidente Mas tampoco ha sido capaz de aunar la racionalidad política y la racionalidad administrativa. La promesa política de suprimir tres departamentos ha dificultado la lógica administrativa de una división sectorial coherente en aras de una eficaz y eficiente prestación de servicios públicos. Suprimir el Departamento de Medio Ambiente cuando las políticas medioambientales son muy transversales y tienen unos efectos evidentes para el bienestar de las personas es un error político que ratifica que cuando CiU creó este departamento en 1991 lo hizo únicamente para acallar las protestas sobre la gestión de residuos. No crear un Departamento de Universidades después de comprometerse a ello, hacer que dependa de Economía y que además el término universidades desaparezca hasta de la nomenclatura departamental no tiene ninguna lógica política ni administrativa (solo personal). Crear una vicepresidencia del Gobierno después de mostrarse duramente contrario a ella hace poco tiempo significa reconocer su utilidad en los Gobiernos de coalición y la fuerza de Unió en la negociación sobre la distribución del poder.

Nombrar consejeros a tres personas independientes sin experiencia política es un grave error. La actividad de un consejero es esencialmente política, se desarrolla en un ámbito eminentemente político y tiene unas repercusiones políticas de primer orden. Y si añadimos una coyuntura de profunda crisis poliédrica, el papel de la política debería tener mayor reconocimiento. Sobre las personas también podemos señalar, por distintas razones, las consecuencias negativas de dos nombramientos. Designar a Ferran Mascarell, de un perfil político excelente, es una provocación al fair play político e incluso puede interpretarse como una incitación al transfuguismo (aunque seguramente estamos más ante un ejercicio de escapismo político). Reconocer, en plena crisis económica, que el nuevo titular de Economía es el segundo suplente en las preferencias de Mas para ocupar el cargo (aunque el perfil de Mas-Colell quizás sea el más idóneo de los tres) demuestra una debilidad persuasiva y poca habilidad en la política de comunicación.

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En cuanto a los primeros nombramientos del sottogoverno, los criterios puramente políticos parece que están compensando la aparente independencia de algunos consejeros, pero se está cometiendo otro error que contradice el abecé del buen funcionamiento de los Gobiernos de coalición. Así, reconocer y aplicar como criterio habitual de distribución de altos cargos departamentales que en consejerías lideradas por Convergència haya personas vinculadas a Unió y viceversa significa convertir la lottizzazione entre CDC y UDC en un fomento de la marginalidad y del espionaje político intradepartamentales. Finalmente, el acertado recorte anunciado de casi una cuarta parte de los altos cargos no puede convertirse en un ejercicio de malabarismo aritmético ni en un nuevo sometimiento de las racionalidades política y administrativa a simples promesas electorales.

Jordi Matas Dalmases es catedrático de Ciencia Política de la UB.

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