La sentencia de derribo de Marina Tarraco abre la batalla electoral

El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena la demolición del complejo de lujo del puerto de Tarragona ha anticipado la batalla electoral por la alcaldía de la ciudad, gobernada por el PSC. El probable derribo de los seis edificios denominados Marina Tarraco y afectados por la sentencia, inaugurados en 2006 y valorados en unos 50 millones de euros, ha disparado una cascada de acusaciones, reproches y duras críticas entre socialistas y convergentes con la mirada puesta en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. A cinco meses de los comicios, las formaciones de Tarragona han aprovechado el malestar de los tarraconenses por la polémica para iniciar una intensa disputa.

La sentencia judicial aporta munición para ambas formaciones

La historia arranca en 2003, con la alcaldía en manos de CiU

CiU recuerda que el PSC estaba presente en la Autoridad Portuaria

"Parece que ya hemos entrado en campaña", comenta un concejal

CiU acusó al gobierno de fomentar una gestión opaca y el PSC respondió acusando de mentirosos a los convergentes en un preámbulo del enfrentamiento que se vivirá en Tarragona hasta unos comicios especialmente complejos, por el descontento de la ciudadanía por la estéril gestión política de la crisis.

La sentencia judicial aporta munición para ambas formaciones al poner en primer plano una rocambolesca historia que arranca en 2003, cuando la Autoridad Portuaria de la ciudad y el Ayuntamiento, entonces gobernado por CiU, se embarcaron en un ambicioso proyecto que se construyó sin licencia municipal de obras. Un constructor denunció la irregularidad en 2005 y tras varias sentencias recurribles, el TSJC exige finalmente que el Consistorio inicie los trámites para la demolición dentro de tres meses, prácticamente a las puertas de las elecciones municipales. El Ayuntamiento estudia medidas legales para salvar el complejo, pero todas las formaciones parecen resignadas a asumir que el asunto estará presente en la campaña. En consecuencia, han comenzado a moverse para explotar el asunto en su favor.

Así lo ha aprovechado CiU para potenciar la presencia de la portavoz del partido en Tarragona y alcaldable para el Ayuntamiento de la ciudad, Victòria Forns. La convergente golpeó primero y el jueves anuló una reunión con otros partidos para criticar en una rueda de prensa la actitud del PSC.

Tendió la mano al alcalde, pero reprochó que este culpara al ex alcalde de CiU en Tarragona y le exigió que impulsara una gestión más transparente para evitar errores como el del complejo del puerto. Forns subrayó que el PSC estaba al corriente de las irregularidades del complejo de ocio al estar presente en el consejo de la Autoridad Portuaria. La convergente es una cara nueva en primera línea política que logró la designación como candidata este mismo verano en sustitución de Joan Aregio, que perdió las elecciones ante el socialista Josep Fèlix Ballesteros tras 18 años de gobierno de CiU de la mano de Joan Miquel Nadal.

La dirección convergente confía en el efecto de la crisis para recuperar el poder, pero teme que esta baza quede contrarrestada por el hecho de que Forns sea poco conocida entre los ciudadanos. Por ello, la incluyó en la lista para ser diputada y los próximos meses tratará de esgrimirla como la persona más influyente para los intereses de Tarragona en el Parlament.

El PSC, por su parte, encuentra en la sentencia una forma de culpabilizar clara y directamente la gestión de CiU en el Ayuntamiento, como insiste en recordar el alcalde Ballesteros. Tras las quejas de Forns, la portavoz del gobierno municipal, Begoña Floría, acusó a la portavoz de CiU de faltar a la verdad. "La concejal miente", insistió para añadir que el PSC rechaza cualquier responsabilidad en las irregularidades del complejo afectado por la sentencia.

El fallo, sin embargo, deja un regusto amargo al poner en evidencia que el Ayuntamiento no ha sabido o no ha podido salvar el complejo del derribo. El temor entre las filas socialistas, aumentado tras los resultados de las elecciones a la Generalitat, es que el descontento ciudadano acabe desalojándoles del Ayuntamiento que anhelaron durante 18 años de oposición por culpa de una legislatura marcada negativamente por la crisis. Ante el derribo, cuyo anuncio ha indignado a los tarraconenses, el PSC se esforzará en recordar quién gobernaba cuando se cometieron las irregularidades para cortar las alas a CiU. "Parece que ya hemos entrado en campaña", opinó un concejal que pidió no revelar su identidad tras la reciente bronca entre socialistas y convergentes.