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El Gobierno da vía libre en el BOE al nuevo Tribunal Constitucional

Los cuatro magistrados elegidos por el Senado tomarán posesión en breve - El Congreso incumple su deber de renovar otro tercio del alto tribunal

El Gobierno ha dado luz verde a la renovación parcial del Tribunal Constitucional sin contar con el PP, para lo que remitirá "de manera inmediata" al BOE los nombramientos de los cuatro magistrados constitucionales nombrados por el Senado el pasado día 1. La decisión estuvo precedida de contactos de última hora en los que el PP reiteró que no iba a renunciar a su candidato, el magistrado Enrique López, al que el PSOE ha vetado por no cumplir los requisitos legales y por su escaso bagaje jurídico para acceder a la institución.

Empieza el incumplimiento. Los grupos parlamentarios del Congreso tenían hasta hoy para presentar a los candidatos del Congreso al Tribunal Constitucional pero el desacuerdo entre PSOE y PP sobre uno de ellos, a propuesta de los populares, bloquea la renovación. El PSOE albergaba la esperanza de que el PP desistiera de presentar a Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional, rechazado ya por los socialistas en el Senado, pero los populares le mantienen. Así se lo ha comunicado el primer partido de la oposición a los socialistas en contactos oficiosos mantenidos en las últimas horas.

Entre los sustituidos está la presidenta María Emilia Casas

El presidente saldrá entre tres del sector progresista y uno del conservador

Este conflicto, sin embargo, servirá para corregir una anomalía que grupos de oposición consideraban bastante escandaloso: el Gobierno retenía la publicación en el BOE de los cuatro magistrados constitucionales elegidos por el Senado el pasado 1 de diciembre, ante la expectativa de que pudieran coincidir estos nombramientos con los del Congreso, para renovar conjuntamente el alto tribunal y proceder a una única elección de presidente. No ha sido así.

"Con acuerdo o sin acuerdo en el Congreso, se publicarán los nombres de manera inmediata", confirmaron ayer fuentes gubernamentales a este periódico. La publicación será inminente y la toma de posesión se verificará en cuanto las agendas de las autoridades del Estado lo permitan, al coincidir el desbloqueo con las fiestas navideñas. Pero ya no habrá demoras significativas ante la imposibilidad de saber cuándo se producirá el acuerdo sobre los candidatos que tiene que nombrar el Congreso.

Los dos partidos mayoritarios tienen que ponerse de acuerdo en el Congreso para cubrir las plazas de cuatro magistrados, tres de los cuales tienen el mandato prorrogado y el cuarto sustituirá al fallecido Roberto García Calvo. A partir de hoy, se entra en fase de incumplimiento de la obligación de presentar candidatos. En su descargo, los grupos del Congreso recuerdan que el Senado ha tardado tres años en cumplir el proceso de renovación de los miembros del Constitucional y ellos solo llevan mes y medio de retraso. Lo que no ha impedido que el Pleno del Constitucional reclamase a los grupos políticos "que respeten" la Constitución y cumplan los plazos establecidos "imperativamente". El plazo para proponer candidatos terminaba hoy, 30 de diciembre.

El conflicto no tiene visos de fácil resolución, ya que el PSOE se niega a aceptar a Enrique López. "No hay nada personal, sino profesional, y su currículo no es el adecuado para un magistrado del Tribunal Constitucional", señalan fuentes socialistas. Y se preguntan si el PP no es capaz de proponer "a un catedrático, o a un magistrado con una vida profesional más acorde para el cargo". En esta opinión coinciden tanto la dirección del Grupo Socialista, que encabeza José Antonio Alonso, como La Moncloa y el Ministerio de Justicia, según ha constatado este periódico. López sigue siendo motivo de discordia entre PSOE y PP. Lo fue en el Senado hasta que el PP retiró su candidatura. Los socialistas confiaron en que los populares no le volverían a proponer, pero sí lo han hecho.

La renovación de los magistrados del Senado se iniciará con la publicación de seis reales decretos de cese de los magistrados salientes, María Emilia Casas, Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata -nombrados el 16 de diciembre de 1998 los tres primeros y el 18 de diciembre de 2002 el último-, y otros dos correspondientes al cese de la presidenta Casas y el vicepresidente Jiménez, elegidos para el cargo el 15 de junio de 2004.

El cese se hará efectivo tan pronto tomen posesión los cuatro nuevos, Luis Ignacio Ortega y Adela Asúa, propuestos por el PSOE, y Francisco Hernando y Francisco Pérez de los Cobos, a propuesta del PP.

Dado que la ley orgánica del alto tribunal prevé que a falta de presidente presidirá el magistrado más antiguo y en caso de igual antigüedad, el de mayor edad, la presidencia recaerá en el conservador Javier Delgado Barrio, de 78 años.

Según las fuentes consultadas, el presidente en funciones solo puede convocar el pleno de elección del presidente y vicepresidente. A esa elección concurrirán 11 magistrados, ya que el fallecido Roberto García Calvo no ha sido sustituido. Según una norma no escrita pero seguida en el tribunal, el presidente en principio saldría de entre los magistrados del tercio más antiguo, el del Congreso, que son el propio Javier Delgado, Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay.

Pero en esa elección concurren dos inconvenientes: el primero es que los tres tienen el mandato ya caducado y deberían dirigir el alto tribunal en esas condiciones. Además, estarían a expensas de que si al PP no le gusta el elegido, acceda a renovar a los del Congreso. El presidente estaría así a expensas del PP y tendría que abandonar su efímero cargo en cuanto los populares decidiesen revocarlo.

Por tanto, sería más favorable que la presidencia recaiga sobre los magistrados del último tercio, que tienen mandato todavía hasta junio de 2013. Es decir, entre los magistrados Pascual Sala, Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Ramón Rodríguez Arribas. Los tres primeros son del sector progresista, y el último conservador.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de diciembre de 2010