Incultos y sin vergüenza

Aprovechando la tramitación de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2011, el Gobierno de Esperanza Aguirre formula unas modificaciones de la Ley del Suelo aprobada por su antecesor Alberto Ruiz-Gallardón. Modificaciones, todas ellas perversas y retrógradas, que vienen a anular algunos de los principios políticos y culturales de nuestro marco urbanístico, conquistados en una larga batalla desde Franco hasta nuestros días. Destaquemos aquí, en aras de la brevedad de un artículo periodístico, la más dañina para los intereses públicos.

En el artículo 12 de la citada ley de acompañamiento, titulada pomposamente Ley de Medidas Fiscales Administrativas y de Racionalización del Sector Público, se dice: "Los suelos integrantes de las redes supramunicipales cedidos a la Comunidad de Madrid tendrán la condición de bienes patrimoniales", en lugar de la condición de bienes demaniales que les otorga la vigente Ley del Suelo de 2001.

Esperanza Aguirre formula unas modificaciones de la Ley del Suelo perversas y retrógradas

Bajo este cambio de "condición", lo que se está habilitando es que los suelos cedidos por Ayuntamientos y/o privados para instalaciones de interés público (redes de equipamientos y servicios) puedan considerarse como meros suelos edificables, sin uso determinado, permitiendo con ello su venta al mejor postor como mecanismo para nutrir las arcas de la CAM o favorecer determinadas, aunque inconfesables operaciones inmobiliarias al servicio de los intereses próximos al PP. Modificación que viene a explicitar como entiende el Gobierno de Esperanza Aguirre la "racionalización del sector público": pura y dura privatización.

Pero si es grave la modificación antes señalada, más grave es la propuesta sobre este mismo tema formulada en la enmienda de adición (nueva disposición transitoria) presentada por el propio Grupo Popular en la que se dice, llana y descaradamente, que en el desarrollo de los instrumentos de planeamiento, de nueva formación o en tramitación, "no será necesaria la cesión de suelos para redes públicas supramunicipales" es decir, se legaliza la desaparición de unas necesarias y legítimas reservas de suelo para instalaciones de interés público, entregando todo el poder y el lucro del desarrollo urbano a los operadores privados.

Pero merece la pena descubrir cuáles han podido ser las razones técnico-ideológicas que han inspirado estas perversas modificaciones a la vigente Ley del Suelo de la CAM.

En la exposición de motivos, se pretende justificar las referidas propuestas de modificación con la finalidad de "agilizar la tramitación de los procedimientos urbanísticos". Justificación insustancial ya que el simple cambio de "condición" de unos suelos no elimina ningún obstáculo relevante en dicha tramitación. Unas líneas más adelante se concreta el meollo de esta apetecida agilización, afirmando: "Se introducen medidas que tienen por objeto facilitar la implantación de equipamientos y servicios en los suelos cedidos a la Comunidad de Madrid para alcanzar una mayor eficiencia en la utilización de dichos suelos, flexibilizando el procedimiento para la modificación de los usos asignados a los mismos y limitando el carácter demanial de los bienes sobre los que se asientan los supuestos expresamente previstos en la ley". Un bla, bla, bla, farragoso, ambiguo y mal redactado.

Cuando la derecha utiliza los mantra, "agilizar" y "flexibilizar" para conquistar una mayor "eficiencia" está anunciando un serio y prolongado programa de privatizaciones.

Para mayor claridad y contundencia interviene la señora consejera para anunciar (o amenazar), con fervoroso convencimiento de defensora del bien público lo siguiente: "Vamos a eliminar las cesiones de redes supramunicipales (léanse, carreteras, parques, hospitales, viviendas públicas, etcétera), el impuesto del 20% que poníamos al suelo y que había provocado la subida de las viviendas (¡suspenso en primero de economía!), que es el producto final del suelo, porque venimos diciendo hace mucho tiempo que vamos a eliminar cargas al suelo, y nosotros no vamos a perjudicar a los Ayuntamientos, es que desaparezca ese impuesto revolucionario que nosotros habíamos impuesto a los promotores y al suelo". Cita literal del Diario de sesiones sin introducir corrección gramatical alguna.

Este transparente discurso sí merece la titulación que encabeza estas líneas: inculto y sin vergüenza, además de grosero intelectualmente y demagógico.

Un mínimo de cultura urbanística, de política urbanística, debería enseñar a la señora consejera que más allá de las explotaciones en suelo rústico, el aprovechamiento urbanístico del suelo nace y se acota en las leyes e instrumentos de planeamiento, como una concesión de los poderes públicos, únicos titulares de los aprovechamientos generados por el desarrollo urbano. A los propietarios y promotores se les otorga un máximo aprovechamiento que pueden patrimonializar, nunca al 100%, ya que el 10% o el 15% de dichos aprovechamientos pertenece a las Administraciones públicas, amén de las cesiones de suelo para redes de servicios públicos que deben formalizarse como obligaciones previas a la apropiación privada de los aprovechamientos que se establezcan en los distintos instrumentos urbanísticos. No cabe hablar de cesiones de los propietarios como una sustracción de derechos que nacieran de la titularidad del suelo (Romay Becaría porfiaba por romper la aporía entre el derecho de propiedad y el ius edificandi), y mucho menos usar esa denominación grosera de "impuesto revolucionario". Lo siento, pero se ha ganado sobradamente el calificativo de inculto.

Modificación sustancial toda ella, que afecta a la cultura urbanística que se ha ido afirmando y depurando a lo largo de muchos años, y que se va a imponer por la simple prepotencia de una mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, siguiendo un procedimiento que ha hurtado la posibilidad de un debate en profundidad, unas enmiendas articuladas y una participación democrática. En resumen: sin vergüenza.

Una pequeña duda me asalta al releer estas líneas: ¿cuántos Ayuntamientos, propietarios o promotores inmobiliarios se rebelarán cuando sean conscientes de que los suelos que cedieron gratuitamente para fines y usos de interés público se transforman en pura mercancía inmobiliaria en manos de doña Esperanza Aguirre? Sin duda estarían legitimados para pedir la reversión de dichos suelos una vez prostituida la finalidad que justificó su cesión gratuita. Yo lo haría.

Eduardo Mangada es arquitecto.