EE UU revisó la seguridad de las nucleares españolas ante un ataque
Washington avaló la protección de los reactores después de que un representante visitara Cofrentes - Los cables muestran inquietud por el robo de uranio en la planta de Enusa en Salamanca
Expertos de Estados Unidos han visitado en los últimos años centrales nucleares españolas para revisar su seguridad ante un posible atentado terrorista. Los cables obtenidos por Wikileaks muestran cómo miembros del Gobierno y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tratan el tema con la Embajada de Washington en Madrid. Carlos Torres, consejero para no proliferación del Ministerio de Exteriores, se reunió el 10 de febrero pasado con responsables de la embajada (cable 249640). Este les explica que "Exteriores e Interior siguen revisando la seguridad física de las instalaciones nucleares" y les detalla que "recientemente" había recordado con responsables de Interior la campaña que ETA llevó a cabo entre 1977 y 1982 contra la nuclear de Lemoiz, cuya construcción quedó a medias. "Torres describió la campaña de ETA como 'bastante exitosa", señala el cable confidencial enviado a Washington, ya que "los terroristas consiguieron llegar bastante lejos dentro de la instalación".
El cable prosigue: "[Torres] describió las medidas de seguridad física actuales como 'buenas' pero sugirió que todas tienen una debilidad: con su configuración actual, no protegen contra algún trabajador [un insider] con permisos que quiera organizar un ataque desde dentro de la instalación". Siempre según el cable, "el Gobierno de España está cada vez más preocupado sobre cómo defenderse de esta posibilidad, aunque Torres no indicó que España tenga información concreta de que ETA o radicales islámicos planeen un ataque así".
El 29 de enero pasado, la embajada envió un cable secreto a Washington titulado: "España se mueve para proteger el material y las instalaciones nucleares". El despacho explica que el Ejecutivo español endurece las condiciones de seguridad de las nucleares "consciente de la amenaza que el terrorismo supone para su industria nuclear" y para evitar "la avalancha de publicidad negativa por accidentes recientes en sus instalaciones nucleares". La fuga de partículas radiactivas en la nuclear de Ascó, la erosión de una tubería en Vandellòs II, ambas en Tarragona, y el robo de pastillas de uranio en la fábrica de Juzbado (Salamanca) en 2007 han disparado las alarmas sobre la industria española. Los ocho reactores nucleares producen un 22% de la electricidad de España.
El cable afirma que después del 11-M, España "redobló sus esfuerzos para asegurar sus instalaciones nucleares ante un ataque" y destaca que en 2004 aprobó un plan de respuesta ante un eventual incidente nuclear al que asignó 1.682 guardias civiles. Según la embajada, "el CNI realizó un informe en 2006 en el que indicó que el golpe más devastador que los yihadistas podrían asestar a España sería atacar una de las centrales nucleares".
EE UU parece bastante satisfecho con la seguridad de las centrales españolas y resalta que el CSN pidió a la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) una evaluación sobre todas sus políticas de las que salió con un "excelente". La crítica a España fue la falta de un único almacén nuclear. La embajada destaca que el Ministerio del Interior se encarga de la protección exterior de las centrales y que en el interior hay contratados ex policías y ex militares, según les reveló el ex consejero del CSN Juli Barceló. Este resumió que las medidas de seguridad antes del 11-S ya eran "buenas" pero que su implantación "se había relajado".
La legación relata cómo en 2002 ecologistas de Greenpeace ascendieron a la cúpula de la nuclear de Zorita (Guadalajara, ya cerrada) y desplegaron una pancarta antinuclear. Después de aquello, el CSN recomendó que las eléctricas rodearan con un doble vallado las centrales. En 2007, además, Greenpeace llegó por el río hasta la nuclear de Almaraz (Cáceres) y otro la sobrevoló con un paramotor, tras lo cual pusieron alambre de espino en el tejado del edificio. Además, revela el enfado del CSN con el incidente de Juzbado.
El responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, explica que tras la protesta en Almaraz el CSN les advirtió muy seriamente de que no lo repitieran: "Nos advirtieron con que peligraba nuestra seguridad". El Congreso tramita actualmente un proyecto de Ley de Protección de Infraestructuras Críticas que incluye a las nucleares.
El responsable de la embajada relata una conversación que tuvo con un directivo de la Agencia de Seguridad Nuclear estadounidense (NRC), que el año anterior había visitado la nuclear de Cofrentes (Valencia). La NRC detalló que en Cofrentes hay "sistemas de detección en el vallado que incluyen cámaras de vídeo, sensores de detección de movimiento y vigilancia infrarroja".
Fuentes del sector explican que el trato entre el CSN y la NRC es muy frecuente, ya que nucleares españolas se construyeron con tecnología de EE UU, por lo que se les aplica la normativa de país de origen y tiene que haber un contacto continuo sobre las actualizaciones.
El directivo definió el sistema de protección como "muy similar a los de las instalaciones en Estados Unidos". Además, detalló la existencia de un sistema "bastante impresionante": una cámara que graba los bajos de cualquier vehículo que entra en la nuclear y compara la imagen con las anteriores del mismo coche por si ha habido algún cambio.
Un futuro nuclear abierto
El Gobierno mostró ante la Embajada de EE UU en Madrid su preocupación por el futuro de la industria nuclear española. El 8 de enero de 2009, Carlos Torres, del Ministerio de Exteriores, se reunió con responsables estadounidenses y les expresó su preocupación por "la revisión del tratado de no proliferación nuclear", ya que "dividiría a los países entre los que podían enriquecer uranio y los que no".
Y puso como ejemplo la relación con Francia en la empresa conjunta de enriquecimiento de uranio -el combustible para las centrales-. Según Torres, Francia quiere encarecer la participación en el proyecto que le sustituirá, lo que podría obligar al Gobierno a buscar otros socios.
Según un cable secreto (número 186.657), Torres pidió mantener el tratado de forma que "permita a España participar en un consorcio nuclear o proseguir el enriquecimiento de uranio en algún momento", algo que España nunca ha realizado.
La embajada concluye el cable con un comentario en el que contrapone las palabras de Torres con la repetida política de Zapatero de cerrar las nucleares, y lo atribuye a que "puede ser parte de un esfuerzo entre bastidores para mantener abiertas las opciones energéticas", aunque admite que no tiene información de que haya cambiado la decisión política antinuclear.
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