El fiscal reitera su petición de que inhabiliten a los 14 ediles de Torrejón

El teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Carlos Ruiz de Alegría, mantuvo ayer la petición de 8 años de inhabilitación contra los 14 los ediles de Torrejón de Ardoz del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE) y del Partido Demócrata Español (PADE) de 2001, al considerar que "se ha acreditado prueba de que incurrieron en un delito de presunta prevaricación". En su informe definitivo leído ante los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Ruiz de Alegría fue más allá asegurando que el ex concejal de Urbanismo Francisco Martín Rojas y la propia alcaldesa, la secretaria de Organización del PSM, Trinidad Rollán, intentaban que el convenio declarado posteriormente ilegal "se aprobase por encima de todo". Además, explicó en su alocución que albergaba la sospecha de que el convenio urbanístico vino redactado "desde fuera" del Ayuntamiento.

El fiscal encargado de la acusación de los 14 concejales que desde el pasado martes están siendo juzgados por los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal hizo también referencia a un cambio de estrategia de los acusados antes de referirse a la inclusión de las actas del pleno del 26 de noviembre de 2001, en el que se aprobó el acuerdo entre el Consistorio y la sociedad Patrimonios Siglo XXI por la que cedía unas parcelas municipales a cambio de que esta empresa se hiciera cargo de la construcción de un centenar de viviendas sociales. "Ahora podemos manejar el acta que es muy ilustrativa. Todos los concejales sabían que existía un informe del secretario y se debatió de la legalidad del convenio", resaltó el teniente fiscal del TSJ.

Por su parte, los abogados de los acusados volvieron ayer a anunciar su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión de los magistrados de admitir como "elemento esencial" las mencionadas actas del pleno. Y el abogado de la diputada socialista en la Asamblea Esperanza Rozas, Wilfredo Jurado, solicitó en su escrito de conclusiones la libre absolución "por no ser los hechos constitutivos de delito alguno tal y como ha quedado demostrado" en el juicio en el TSJ.

Jurado recordó los dos informes que se han manejado en la vista oral: "Uno claro claro y realizado por una funcionaria experta en Derecho Urbanístico que estuvo desde el inicio" y "un informe ilegible, chapucero, farragoso y con ánimo de venganza", en referencia al del secretario, base principal para la acusación del fiscal. Todos los defensores reiteraron ayer, al contrario que el teniente fiscal, que los procesados no tuvieron acceso al informe negativo del secretario.

Por su parte, en su turno de última palabra Trinidad Rollán consideró que aunque "la pena pública quedará para siempre", ni ella ni sus compañeros concejales en Torrejón en 2001 merecen ser condenados por prevaricación por apoyar un convenio urbanístico, de cuya legalidad estaban convencidos, informa Efe.

Asimismo, reiteró que solo conocía el informe favorable de la abogada de Urbanismo y no el del secretario del Consistorio, en él advertía de que la "ilegalidad" del convenio por no "ajustarse al procedimiento de concurso" y por "el fondo del negocio pactado".

En este sentido, la número dos de los socialistas madrileños calificó de "muy grave" que el secretario del Ayuntamiento, Saturio Hernández, no tomara la palabra en el pleno celebrado el 26 de noviembre de 2001, en el que se aprobó el convenio, para alertarles de la existencia de su informe, que había presentado "fuera de plazo" tres días antes del mencionado pleno.

El juicio iniciado el martes en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia ha quedado visto para sentencia.