La Casa Blanca demanda a BP por el vertido de petróleo del Golfo

El Departamento de Justicia de EE UU presentó ayer una demanda civil contra la empresa británica BP y la subcontrata que gestionaba la plataforma Deepwater Horizon, hundida en el golfo de México el pasado mes de abril, para que costeen los gastos de limpieza y paguen indemnizaciones por el daño infligido al ecosistema marino, según informó la Casa Blanca en un comunicado. Aunque el Gobierno estadounidense no ha cuantificado en la demanda los gastos totales que originó el vertido, considerado el mayor de la historia de EE UU, BP ha creado este otoño un fondo de compensación en el que ha depositado 30.000 millones de euros.

Según la Ley de Aguas Limpias, la Casa Blanca puede exigir indemnizaciones de hasta 4.300 dólares (3.250 euros) por barril vertido, lo que supone una indemnización máxima de más de 21.000 millones de dólares (15.800 millones de euros). Eso, sin embargo, sería en un supuesto de negligencia grave. Si el Gobierno no puede demostrar que ese fue el caso, la indemnización contemplada por la ley sería considerablemente menor: 1.100 dólares (830 euros) por barril, con un máximo de 5.300 millones de dólares (4.000 millones de euros).

La querella civil presentada en Nueva Orleans va contra ocho firmas

El Gobierno acusa a las empresas de no usar la tecnología mejor y más segura

Junto a BP, la Casa Blanca ha demandado a otras ocho empresas. Entre ellas se encuentran Transocean Ltd., la empresa suiza propietaria de la plataforma accidentada; Anadarko Petroleum y MOEX Offshore 2007, propietarios en parte del pozo sobre el que se hizo la perforación, y la aseguradora contratada por BP, QBE Insurance Group. De esa lista falta el conglomerado Haliburton, que se encargó de la fabricación y vertido del cemento que debiera haber sellado el pozo en abril. En aquellas operaciones de vertido de cemento se generó una burbuja de gas metano que subió a la superficie e inició un fuego que hundió la plataforma, causó la muerte de 11 trabajadores y el vertido de 4,9 millones de barriles de crudo al océano.

En su demanda, el Gobierno asegura que los demandados, a excepción de la empresa aseguradora, "contribuyeron" al vertido. Entre otras razones, alega que ninguna de las firmas denunciadas "tomó las precauciones necesarias para mantener el pozo de Macondo [donde ocurrió el accidente] bajo control". Tampoco usaron "la tecnología de perforación mejor y más segura".

Ante semejantes negligencias, Justicia ha considerado oportuno presentar la demanda. "EE UU ha sufrido y seguirá sufriendo numerosos costes y daños", dicen los abogados del Gobierno en la demanda, presentada en los juzgados de Nueva Orleans. "Estamos empeñados en demostrar que los demandados son responsables de todos los gastos de limpieza en los que incurrió el Gobierno, las pérdidas económicas y los daños medioambientales, sin limitaciones", dijo el fiscal general (ministro de Justicia) Eric Holder en un comunicado.

En junio, un mes después del accidente, Justicia comenzó dos investigaciones: una civil y una criminal. De momento, solo en la primera han presentado cargos. "Este desastre no se puede calificar de otra cosa que no sea una tragedia", dijo entonces el fiscal general. Es cierto que los abogados del Estado aseguran en la demanda que ni BP ni sus subcontratas dieron a sus empleados las garantías de seguridad necesarias en caso de accidente, aunque no las acusa en ningún momento de homicidio involuntario.

Tras el vertido, que estuvo incontrolado durante 55 días, el Gobierno federal acometió su propia comisión de investigación, paralela a las organizadas por el Capitolio y las autoridades de Luisiana, el Estado más afectado, en el que la pesca quedó paralizada durante más de tres meses. Ahora, Justicia exige responsabilidades a las empresas que perforaban el pozo de Macondo, frente a la desembocadura del Misisipi, en virtud de la Ley de Aguas Limpias y la Ley de Contaminación Petrolífera.