Ampliación dudosa

La decisión del Gobierno de prorrogar el estado de alarma hasta el 15 de enero resuelve un problema a corto plazo (la posibilidad de volar durante las vacaciones de Navidad), pero acrecienta la ansiedad que produce una medida extraordinaria y jurídicamente discutible. Solo el voto favorable del Congreso de los Diputados, trámite previsto para mañana, dotará de mayor legitimidad a la decisión.

Hay razones poderosas para justificar la medida hasta el 31 de diciembre. Pero cabe dudar de la necesidad de extenderla más allá, atendiendo sobre todo a la afirmación del presidente del Gobierno de que no mantendría la militarización un día más de lo necesario. El plante de los controladores del pasado 3 de diciembre tuvo su origen en el distinto cómputo de horas anuales de trabajo que aquellos hacían frente a la interpretación de AENA. Por tanto, mientras no acabara el año continuaba en pie la causa del conflicto, lo que desactivaba en parte el carácter preventivo de la medida. Ampliar tal situación a enero será eficaz para la tranquilidad de los viajeros, pero acrecienta la incertidumbre acerca de su encaje legal. Si se prorroga el estado de alarma hasta el 15 de enero, ¿por qué no hasta febrero o Semana Santa?

La prórroga pone de nuevo de manifiesto la incapacidad de los poderes públicos para gestionar el control aéreo. El PNV y CiU, favorables a la medida, pidieron al Gobierno que demostrase que se trata de la única alternativa para garantizar el tránsito aéreo. Doce días después de la rebelión de los controladores nadie ha puesto sobre la mesa otra opción diferente. A la desastrosa actuación de los Gobiernos del PP, que concedieron a los controladores aéreos unas condiciones laborales y un nivel de autogestión extraordinarios, le siguió la inacción de los primeros Gobiernos de Rodríguez Zapatero y, por fin, este año, una decisión política de reformar el sector que, a la vista de lo acontecido, no ha sido suficiente para desactivar en unos pocos meses la capacidad de chantajear al Estado por parte de un colectivo de poco más de 2.000 empleados.

Es evidente que el conflicto de los controladores aéreos es una bomba que le ha estallado a este Gobierno en las manos, pero también es legítimo sospechar que tras las medidas adoptadas, tan extraordinarias como recurrir al Ejército y al estado de alarma, hay una expresión de impotencia, también de este Ejecutivo, cortando el paso con antelación a ese cómputo torticero de horas trabajadas que estaban haciendo los controladores o impidiendo las reiteradas ausencias sin justificación alguna.

El estado de alarma no debería prolongarse ni un día más de lo imprescindible. Es urgente que el Gobierno acelere las reformas emprendidas en el sector y que el PP arrime el hombro o, cuando menos, deje de torpedear cualquier solución a un conflicto que él mismo alimentó y del que también es responsable.