Un criterio corregido dos veces por el Supremo

La fiscalía ha tratado una y otra vez de hacer valer sus argumentos sobre la no existencia de delito en la actuación de los tres militares estadounidenses implicados en la muerte del cámara gallego José Couso. Primero se centraron en la falta de competencia de los tribunales españoles para juzgar el caso. Cuando el Tribunal Supremo, en diciembre de 2006, dijo que sí eran competentes, la fiscalía pasó a discutir el fondo del asunto.

En el recurso del auto de procesamiento de los tres soldados dictado por Pedraz el 27 de abril de 2007, el fiscal, que pide el archivo de las actuaciones, detalla sus argumentos: "En el caso de autos la conducta de los procesados ni es indiscriminada ni excesiva"; "no se ha probado, ni siquiera de manera indiciaria (...) que los procesados no vieran lo que dijeron ver y de lo que habían recibido puntual información de su superioridad (la existencia de un grupo de francotiradores)". Añade también que, "cuando la competencia se aparta de los parámetros normales (...) requiere que los hechos en que se fundamenta sean claros y contundentes".

La sala revocó el procesamiento. Pedraz lo dictó de nuevo el 21 de mayo de 2009 para practicar nuevas pruebas. La fiscalía se opuso y la sala le dio la razón. El Supremo volvió a enmendar sus argumentos. El alto tribunal acordó que se practicaran las diligencias de instrucción pendientes "y las demás que resultaron procedentes" y criticó que la sala anticipara "una sentencia absolutoria" cuando no se habían agotado las diligencias de instrucción y cuando indiciariamente los hechos eran constitutivos de delito y vulneraban normas de derecho internacional humanitario.

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