Los controladores no serán juzgados con el Código Penal Militar

El jueves empezarán a declarar en los juzgados de Madrid los controladores aéreos que el pasado fin de semana chantajearon al Estado con una huelga salvaje y causaron un enorme perjuicio a centenares de miles de españoles.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el de Fomento, José Blanco, se mostraron ayer convencidos, en los pasillos del Congreso, durante la celebración del aniversario de la Constitución, de que "caerá todo el peso de la ley" sobre los controladores que paralizaron el espacio aéreo español durante 20 horas. Blanco, que inició hace un año su apuesta por restar privilegios a los controladores, apunta directamente a su cúpula sindical como principal provocadora del caos.

Se enfrentan a penas de entre tres meses y ocho años de cárcel

El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, precisó, también en los pasillos del Congreso, que todos los casos investigados se seguirán por la vía penal ordinaria y no por la militar porque, tras el decreto de alarma que militarizó a los controladores, todos acudieron a trabajar, lo que demuestra que la decisión del Gobierno, adoptada la mañana del sábado, tuvo un efecto fulminante en el colectivo.

La fiscalía investigará caso por caso y por la vía penal a cerca de 500 controladores, una cifra similar al número de expedientes disciplinarios abiertos por AENA, que también analizará cada situación particular para determinar si ha habido alguna falta y, en su caso, fijar la gravedad de la sanción.

El ministro de Justicia explicó que están abiertas la vía penal y la administrativa, con sanciones que van desde la suspensión de empleo hasta la pérdida de la licencia de controlador. En todo caso, pueden ser condenados a penas que oscilan entre los tres meses y los tres años de cárcel para los casos más leves y de tres a ocho años para los más graves.

Blanco insistió ayer en que se estudiarán los expedientes disciplinarios abiertos para evaluar la responsabilidad de cada uno porque pudo haber controladores que realmente estuvieran de baja médica, otros que se limitaran a seguir órdenes u otros que fueran engañados. Y aclaró, en este sentido, que no tienen la misma responsabilidad los controladores de a pie que los directivos del sindicato.

Los expedientes se estudiarán por orden gradual. Empezarán por los abiertos en Santiago de Compostela, donde se inició la crisis, y calculan en Fomento que tardarán unos tres meses en terminar la depuración de responsabilidades.

Blanco sitúa en 500 sobre un colectivo de 2.400 controladores aéreos la cifra de los que decidieron la huelga salvaje. "La inmensa mayoría recibió indicaciones. Hay que saber quién ha dado las indicaciones y, desde luego, quien faltó a su puesto de trabajo tiene más responsabilidades que aquel que no trabajó, pero no abandonó su puesto de trabajo".