Días de alarma

Si algo necesitaba el Gobierno de Zapatero, cada día más apurado, era la oportunidad de dar un golpe de autoridad que le permitiera recobrar cierto reconocimiento ante la ciudadanía. Los controladores aéreos se la han dado. Y con Rubalcaba al mando, el Gobierno la ha aprovechado, rompiendo incluso algún tabú de la Transición, como la proclamación del estado de alarma y el uso del ejército para una situación excepcional. Éxito pírrico, porque cuando un Gobierno cotiza a la baja, las malas noticias, a medio plazo, acaban sumando siempre en su contra, aunque haya reaccionado con rapidez y contundencia. De modo que, probablemente, el golpe de autoridad de este fin de semana no le dé al Gobierno mucho más alivio que la reciente renovación ministerial. Pero, por una vez, lo que ocupa la actualidad no son los distintos episodios de su cambiante y desconcertante respuesta a la crisis, sino una decisión que en 24 horas ha apagado un enorme incendio. Por fin, el Gobierno se siente, por un día, en sintonía con los ciudadanos, hartos del juego chantajista de un colectivo privilegiado, un club selecto de unas 2.400 personas, con salarios altos, que tienen la prepotencia de creer que, por los intereses personales de su ínfima minoría, tienen derecho a decidir sobre los proyectos de viaje de centenares de miles de ciudadanos.

¿Elecciones anticipadas o agotar la legislatura? Tercera opción gracias a los controladores: dimisión de Zapatero y Rubalcaba presidente

Ciertamente, el derecho de huelga, como todos los derechos básicos, solo puede ser universal. Pero la utilización de los derechos no puede disociarse de cierta idea de la proporción y de la equidad. Y el club de los controladores aéreos ha desatendido por completo cualquier noción de equilibrio. Y además, lo ha hecho de la manera más miserable, huyendo del puesto de trabajo, sin dar la cara. Sus representantes sindicales han alcanzado grados insuperables de cinismo al hablar de "revuelta popular" y de no haber podido "contener a la masa". Llamar masa a este colectivo es un chiste de mal gusto. Y si no pueden contener a 2.400 personas, ¿a quién representan? Quisieron aprovecharse de un momento de manifiesta debilidad del Gobierno y han salido trasquilados. En cualquier caso, su movimiento se ha suicidado. Después de este episodio, los controladores aéreos tendrán mucho trabajo para ganarse la consideración de la ciudadanía. Aunque probablemente les tenga sin cuidado, porque han demostrado sobradamente que están dispuestos a perjudicar a medio país por unos millares de euros.

El golpe de los controladores deja dos consecuencias políticas importantes: primera, el recurso del Gobierno al estado de alarma. No había ocurrido antes, con lo cual se convierte en un precedente. El próximo Gobierno al que se le antoje acudir a este recurso extremo ya no tendrá las dudas de ser el primero en hacerlo. El problema de este tipo de decisiones es que se abre una puerta que no se sabe cuándo se cerrará. Esta vez la medida parece justificada. Se puede acusar al Gobierno de haber tenido que acudir a este recurso por falta de autoridad. El estado de alarma ha sido la prótesis de la que se ha dotado para conseguir algo en lo que había fracasado por medios normales. Pero, llegados a la situación del viernes, estaba plenamente justificado. No estamos acostumbrados a ver al ejército en los aeropuertos. Ciertamente, después de treinta y tantos años, hay que abandonar los prejuicios contra el ejército que tanto fundamento tuvieron en el pasado. Pero el recurso a las situaciones excepcionales que prevé la Constitución solo es admisible en circunstancias muy justificadas y por periodos muy breves. La tendencia general de las sociedades democráticas hacia el autoritarismo es demasiado grave como para que debamos estar alerta. Que los días de alarma no se conviertan en tiempo de alarma.

La segunda consecuencia política es sobre el futuro del Gobierno. La eficacia en la resolución de este conflicto no cambia la sensación de precariedad del Gobierno y, en cambio, encumbra la figura de Pérez Rubalcaba, que actuó como primer ministro. De modo que a la pregunta ¿elecciones anticipadas o cumplimiento de la legislatura? se añade ahora una tercera opción: dimisión de Zapatero y elección de Rubalcaba como presidente por parte del Parlamento. Más de un grupo parlamentario -además del PSOE- estaría dispuesto a considerarlo para evitar unas elecciones anticipadas en un momento tan complicado como el actual.

La huelga salvaje de los controladores se ha producido cuando el Gobierno ha anunciado la privatización de AENA. Muchos ciudadanos piensan que hay servicios estratégicos que deberían estar siempre en manos del Estado porque este es la única garantía en situaciones extremas. ¿Es el caso de los aeropuertos?