Editorial:Editorial
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Golpe aéreo

Los controladores están chantajeando a todo el país. Una acción que no debe quedar impune

El abandono masivo y abusivo por parte de los controladores aéreos de sus puestos de trabajo paralizó ayer el transporte aéreo de prácticamente todo el país en un golpe de fuerza con escasos precedentes. Este colectivo ha tomado, de nuevo, el peor camino para hacer valer sus protestas. El sindicato USCA, que agrupa a los profesionales del sector, admitió la naturaleza de la protesta (otras veces se ha escudado en bajas repentinas, pero no concertadas) y explicó que es la respuesta "individual" a la "dura agresión" ejercida ayer por el Consejo de Ministros, que aprobó un decreto clarificador sobre sus horarios (1.670 horas anuales).

Nada justifica, en ninguna circunstancia, el afán de extorsión de una iniciativa que está fuera de la ley. El cierre de los aeropuertos afecta a cientos de miles de pasajeros. Muchos quedaron ayer atrapados en las terminales e incluso dentro de las naves en las que se disponían a volar al inicio del puente de la Constitución. Con su actitud, los controladores no solo pierden la razón y la batalla de la opinión pública, sino que se exponen a sanciones que probablemente superen las meramente laborales, ya que su iniciativa podría estar tipificada en el Código Penal. El Gobierno amenaza a los huelguistas con declarar hoy mismo el "estado de alarma" y ponerlos a disposición judicial, en cuyo caso se enfrentarían a "graves penas de prisión".

Pero tras la militarización del control aéreo firmada anoche por Zapatero, las consecuencias de desobedecer pueden ser aún más graves. El cierre de los espacios aéreos va a producir enormes pérdidas económicas en sectores estratégicos como el del transporte y el turismo, y el chantaje al que los controladores someten al Gobierno y a los viajeros que usan este medio ni puede tolerarse ni puede quedar impune.

Fomento tendrá que imponer con urgencia medidas más drásticas. Su titular, José Blanco, ha sido el primero en una decena de años que ha plantado cara a un colectivo acostumbrado a firmar sus convenios a golpe de amenazas. El decreto que entró en vigor a mediados de este año redujo sus sueldos (de una media de 350.000 euros anuales) en un 40% y abolió privilegios como el de poder jubilarse a los 52 años con el sueldo completo. Los controladores, que amagaron con realizar una huelga oficial en julio pasado para contestar esa iniciativa, terminaron por claudicar.

El golpe de mano de ayer demuestra que el conflicto no había quedado resuelto y que sus protagonistas están dispuestos a tensar la cuerda hasta límites difícilmente soportables. Uno de los antecedentes del conflicto se vivió el martes en el aeropuerto de Santiago de Compostela, donde un tercio de los controladores decía haber cumplido ya con el máximo de horas y se disponía a no volver al trabajo hasta enero. Esa interpretación abusiva de los horarios (antes solo trabajaban un máximo de 1.200 horas anuales) es el origen del decreto aprobado ayer y que ha derivado en esta protesta frente a la cual el Gobierno hace bien en actuar con la mayor contundencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0004, 04 de diciembre de 2010.

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