El asilo elude responsabilidades por los 11 ancianos asesinados en Olot

"Hemos actuado bien". "No había nada que pudiera hacerse para evitarlo". Con estas dos frases se resume la inquietante reacción ofrecida ayer por la Generalitat de Cataluña y la residencia La Caritat a la confesión que el martes hizo el celador de Olot, Joan Vila Dilmé, ante el juez: el asesinato de 11 ancianos entre agosto de 2009 y el pasado mes de octubre.

Durante esos 15 meses, dos veces con insulina, otras seis con tranquilizantes y en los tres últimos casos con lejía, Vila Dilmé fue quitando la vida a los 11 residentes del geriátrico sin que nadie reparara en que la mayoría de las muertes registradas en el centro ocurrían en su turno de trabajo. Sin que nadie sospechara del súbito empeoramiento de la salud de los ancianos. Y, según se van conociendo más detalles, sin que nadie investigara por qué una de sus últimas víctimas, Sabina Masllorens, fue enterrada con "marcas de color rojo o morado" alrededor de la boca, según el atestado policial. Vila asesinó a Masllorens haciéndole ingerir una dosis letal de lejía o de un líquido muy corrosivo, pero su muerte, como las otras diez, fue certificada como "natural".

El Ejecutivo dice que "es imposible controlar a una persona de este tipo"

El Colegio de Médicos pide una reunión para ver qué ha fallado

"Hemos cumplido adecuadamente la función inspectora. El centro de Olot estaba en la parte media alta de la tabla en cuanto al nivel de calidad asistencial", aseguró ayer un portavoz del Departamento de Acción Social y Ciudadanía, con el que La Caritat mantenía un concierto para cerca de la mitad de sus plazas. La Generalitat ha puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Olot las actas de inspección. Cuando se hizo la última revisión, en marzo, Vila había asesinado ya a tres personas, según su declaración. La Generalitat no detectó anomalías destacables.

"Es imposible controlar a una persona de este tipo", esgrimió un portavoz del Ejecutivo catalán. El acusado aprovechaba las noches de los fines de semana y festivos, cuando él trabajaba, para cometer sus crímenes porque no había ni médicos ni enfermeras, según el atestado policial. El decreto que regula las residencias no obliga a tener personal clínico de esa categoría durante las noches. La Generalitat indicó que "no se plantean revisar ninguno de sus procedimientos porque todo ha funcionado bien".

El director de La Caritat, Joan Sala, y su abogado, Joan Cañada, negaron también que el centro en el que trabajó Vila durante cinco años haya procedido de manera negligente. "La falta de medidas no puede en ningún momento haber sido la causa de lo que ha pasado", insistió ayer Sala.

Este año han muerto 15 personas en la residencia geriátrica, de estas, 12 en el turno de Joan Vila (fines de semana y festivos). Incluso los internos, según las declaraciones de trabajadores ante la policía, se extrañaron de que tantos ancianos muriesen cuando trabajaba el celador. "Si aparte de haber un comentario, hubiese habido una sospecha, habría sido una alarma que nos hubiese hecho reaccionar inmediatamente", justificó Sala. "No hay un solo indicio de que haya habido algún tipo de acción imprudente por parte de cualquier otra persona que no sea el propio imputado", remachó su abogado.

El juez, sin embargo, no considera "acreditado que la certificación de las muertes se efectuara tras el examen previo de un facultativo", según el auto de exhumación de ocho cadáveres dictado hace 13 días. Tanto Cañada como Sala aseguraron que la doctora del centro, Elena Tresserras, sí veía a los ancianos antes de certificar su muerte, en los que no detectó signos de violencia. Pero eso no lo único que se ha de tener en cuenta antes de decidir que una muerte es natural. Según el experto en medicina forense legal, el doctor Josep Arimany, "en los casos en los que hay una historia clínica y una muerte que no tiene nada que ver con esta, no se puede decir que es una muerte natural, se debería mirar". Y se le daría un tratamiento de muerte sospechosa de criminalidad.

Precisamente eso es lo que adujeron los forenses en el informe que hicieron llegar al juez para exhumar ocho cadáveres de ancianos muertos durante este año basándose en el examen de las historias clínicas, según el auto del magistrado. Vila admitió el martes que asesinó a seis de las ocho personas desenterradas. En un séptimo caso dijo tener dudas. Sala y Cañada optaron ayer por no dar credibilidad al celador.

El presidente del colegio de médicos de Girona, Benjamí Pallarés, defendió que no ha habido mala praxis médica. A pesar de eso, pidió que se revisen los protocolos y anunció, en una entrevista en la cadena Ser, una reunión con la Audiencia Provincial, de la Fiscalía y del Instituto Medicina Legal para revisar cómo han podido ocurrir los asesinatos en serie sin que nadie se diese cuenta.

"Si realmente la gente se puede morir por la noche sin personal clínico es algo que se debería revistar", dijo ayer el abogado de tres de las víctimas de Vila, Rafael Berga. Una de ellas, Sabina Masllorens, "tenía los labios muy inflados, la cara desencajada y pálida y la lengua en una posición no natural, en el exterior de la boca, como si le colgase", cuando murió, según su nieta. El propietario de la funeraria también se extrañó de que tuviese "la cara muy roja y como hematomas por la zona de los labios, la nariz y la barbilla". El abogado de La Caritat asegura que esas marcas aparecieron con el paso de las horas.