¿Regeneración democrática?

Desafortunadamente para los demócratas, el Gobierno gallego acaba de recuperar una práctica desterrada la pasada legislatura por el Gobierno progresista, volviendo a su vieja costumbre de colar por la puerta de atrás, al amparo de los Presupuestos, cambios legislativos sin debate, sin informes, ni evaluación de las consecuencias. Reformas que en esta ocasión afectan, nada más y nada menos, que a 24 leyes.

En este sentido, la doctrina mayoritaria respalda que incorporar en la denominada ley de "acompañamiento del presupuesto" temas que no tienen relación con los ingresos y gastos anuales supone un auténtico "fraude a la Constitución", además de ser peligroso por la dispersión normativa, por el riesgo de inseguridad jurídica que introducen y por perjudicar el debate parlamentario, más aún cuando se oculta información a los ciudadanos.

Feijóo cuela cambios legislativos sin debate y prescinde de solicitar los informes preceptivos

La Xunta presenta esta ley ómnibus que modifica 24 leyes sin ninguna relación técnica entre ellas y sin conexión alguna con los Presupuestos. Porque, ¿qué relación tienen la modificación de la ley del suelo de Galicia, la de ordenación del territorio o la de medidas urgentes de protección del litoral con el Presupuesto? ¿Qué tienen que ver la ley de concentración parcelaria, la de prevención y defensa contra los incendios forestales o la modificación de la ley de función pública con el Presupuesto de 2011?

En su afán de evitar el debate y ocultar sus decisiones, el Gobierno incumple el acuerdo parlamentario unánime para la elaboración de una nueva ley del suelo y presenta, solo ocho meses después del último cambio, modificaciones puntuales que eliminan la protección de los suelos rústicos y permiten la especulación del suelo protegido. Además, mientras anuncia una reforma de la ley de función pública para este año, cambia subrepticiamente la profesionalidad de los funcionarios por el amiguismo, el partidismo y la arbitrariedad de los nombramientos.

Pretendiendo ocultar el alcance de sus decisiones, incorpora modificaciones fiscales de escasa o nula incidencia económica y crea la Axencia Tributaria de Galicia. Sorprende que no habiendo sido prioritario crear esta agencia en el año transcurrido desde el acuerdo parlamentario para su impulso, se incorpore con urgencia en este cajón de sastre. Obviamente, con este anuncio la Xunta pretende desviar la atención sobre un presupuesto desastroso, publicitando una Axencia de atrezo, sin competencias, sin objetivos contra el fraude, sin organización y dirección, que sólo cambia el nombre de una dirección general para que todo siga igual.

Además de la dispersión y opacidad de estas medidas, el Gobierno prescinde de solicitar y adjuntar los informes preceptivos, irregularidad que supone una clara vulneración de los principios democráticos. Esta falta de rigor no es inocente, sino que intencionadamente se evita que la Asesoría Xurídica o el CES pongan por escrito la ilegalidad de esta ley y adviertan a la Xunta de su errática política contra la crisis, como ya han hecho en otras ocasiones.

Feijóo anunció en su toma de posesión, de manera solemne, que esta sería la legislatura del respeto a la legalidad y la regeneración democrática. Pero en lugar de defender la legalidad, el PP recupera los atajos demostrando improvisación e incapacidad de gestión, anuncia dejación de funciones en materia de control urbanístico, financia actuaciones para tapar las ilegalidades urbanísticas de los alcaldes de su partido o se ve obligado a anular concursos públicos tras la denuncia de las empresas y la oposición.

Además, lejos de mejorar nuestra democracia, sustituye la profesionalidad de los funcionarios por la arbitrariedad, permite los escándalos en las pruebas de acceso al Sergas, modifica la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística para ponerla al servicio de los intereses del Gobierno o utiliza de forma partidaria los fondos locales de promoción de empleo. Todo ello aderezado con la escandalosa manipulación de los medios de comunicación públicos gallegos, la sustitución del desarrollo sostenible por la barra libre, la privatización de la sanidad y el deterioro del Estado del bienestar.

Es cierto que vivimos una crisis económica, pero en Galicia la crisis se está convirtiendo también en la excusa para recortar derechos, privatizar servicios, ocultar cambios legislativos y debilitar nuestra democracia. Desafortunadamente, con actuaciones como estas estamos más próximos a convertirnos en la "república bananera" de Feijóo que en una Galicia moderna, democrática, europeísta, solidaria, culta y responsable.

María José Caride es portavoz de economía del grupo parlamentario del PSdeG