El Gobierno ayuda a tres autopistas con alzas de peajes

Tres autopistas de peaje (una de ellas aún en construcción) se beneficiarán de precios más caros o más años de concesión para sufragar los sobrecostes de expropiación de los terrenos o las obras adicionales no previstas cuando les adjudicó la concesión el Ministerio de Fomento. El Consejo de Ministros aprobó ayer la modificación de las condiciones bajo las que realizó las concesiones de la R-2 (Madrid-Guadalajara), la AP-7 (Alicante-Cartagena) y la AP-46 (Málaga-Alto de las Pedrizas, aún no inaugurada).

En el caso de las dos primeras, se aplica lo dispuesto en los Presupuestos de 2010 para ayudar a las concesionarias a devolver los préstamos participativos que se les concederán para sufragar los sobrecostes de expropiaciones. En el caso de la R-2 (participada por Abertis, Acciona, Globalvía y ACS) se le amplía la concesión en 15 años, desde 2024 hasta 2039. Durante esos 15 años adicionales podrá incrementar el peaje en un 1,95% por encima del aumento anual ordinario, que se calcula en función de la inflación y el tráfico.

En el caso de la autopista Alicante-Cartagena (que se adjudicó en 1998 por 50 años a un grupo de empresas, entre ellas la constructora Ploder, ahora en concurso de acreedores) se le permite encarecer las tarifas un 1% adicional y acumulativo cada año a partir de 2013, hasta que termine de pagar el préstamo participativo.

Créditos participativos

Estas dos autopistas y la concesionaria de las radiales R-3 y R-5 han solicitado esos créditos por un valor conjunto de 331 millones. Como los Presupuestos de 2010 contemplaban solo 200 millones para esos préstamos, Fomento está tratando de rascar esos 131 de diferencia de otras partidas.

La autopista malagueña (adjudicada a Sacyr) no está incluida en las que pueden recibir préstamos participativos, pero sí en las que podrían acogerse a la cuenta de compensación que, a propuesta de CiU, se trató de introducir en los Presupuestos de 2011. Ese intento fracasó en el Congreso por el veto del PP, pero ahora se pretende incluir ese adelanto de hasta 80 millones mediante una enmienda del PSOE a la Ley Postal en el Senado. La modificación del contrato de la AP-46 consiste, según un portavoz de Fomento, en que se tendrá en cuenta el sobrecoste de la obra en la fijación de tarifas, aún pendiente.