Jiménez dice que la mayoría de las bajas son marroquíes

La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, negó ayer en el Senado que la falta de una condena expresa al desmantelamiento, el pasado 8 de noviembre, del campamento de protesta levantado cerca de El Aaiún se debiera a una actitud de "tibieza" y la justificó porque los datos disponibles entonces eran "confusos".

"Hoy empezamos a tener una visión más clara y adecuada de lo sucedido", agregó. "¿Dónde ha ha habido más víctimas mortales?", se preguntó a sí misma. "Por lo que vamos sabiendo, 11 en el lado marroquí y dos en el lado saharaui", se respondió, antes de puntualizar que "cualquier víctima merece igual reconocimiento y protección". Fuentes de su departamento indicaron que los datos que citó la ministra se basan en los manejados por el Consejo de Seguridad de la ONU y los aportados, provisionalmente, por la ONG independiente Human Right Watch.

Aunque Jiménez compareció para exponer la política general de su departamento, el debate volvió a centrarse en el Sáhara. El senador socialista Lluis María de Puig reconoció que la opinión pública está "algo perpleja" y "azorada" porque "no acaba de entender" la falta de críticas a Rabat y pidió a la ministra que, cuando tenga información, denuncie al responsable, "sea quien sea".

El portavoz del PP, Alejandro Muñoz Alonso, aseguró que España mantiene una "soberanía residual" sobre el Sáhara, porque la descolonización nunca se completó, y subrayó que el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui "solo puede ejecutarse por un referéndum, no hay otra fórmula".

Jiménez le respondió que España renunció en 1976 a sus responsabilidades como colonizador y que, "jurídicamente, no se puede calificar a Marruecos de potencia ocupante", pues su control del Sáhara "no es producto de un conflicto bélico ni de un acto de fuerza, sino de un acuerdo", suscrito en las postrimerías del franquismo en Madrid. "Eso es lo que hay desde el punto de vista del derecho internacional y yo, como ministra, me acojo a la legalidad internacional", apostilló. Recordó, además, que la ONU ha renunciado a imponer una solución, por lo que la única salida es un acuerdo entre Rabat y el Polisario.

Jiménez defendió que la misión de la ONU en el Sáhara (Minurso) asuma la vigilancia de los derechos humanos, pero lo condicionó a que haya consenso en el Grupo de Amigos de la ONU (EE UU, Francia, Reino Unido, Rusia y España). Admitió que aún no ha podido verificarse la identidad española de uno de los fallecidos en los incidentes, Babi Hamday Buyema, pero aseguró que eso no ha impedido pedir explicaciones a Rabat.