Una política de vivienda a destiempo

La política concienzuda del tripartito para facilitar el acceso a la vivienda ante los excesos del mercado inmobiliario se topó con un vertiginoso derrumbe del sector. Los precios en algunas zonas descendieron tanto que las casas a precios de mercado eran incluso más baratas que las sociales. Para rematarlo, el crédito para la construcción y la compra de vivienda, también la protegida, se secó por completo. Y cuando el Gobierno catalán logró despejar este segundo nubarrón, llegaron los planes de austeridad de las Administraciones. A pesar de ese estrecho margen que acabó imponiendo la crisis, el tripartito tiene en su haber una producción constante de unas 10.000 viviendas de protección oficial (VPO) al año, el crecimiento del mercado de alquiler y la creación de un sistema de ayudas para los arrendamientos y otro para evitar desahucios.

Cataluña construye una media de 10.000 pisos sociales al año, el doble que en 2003

La política de vivienda del tripartito, en manos de ICV-EUiA, se ha apoyado en la Ley del Derecho a la Vivienda, una norma que traslada a Cataluña muchas de las medidas de Francia, Alemania y Dinamarca pero que suscitó grandes desencuentros con los empresarios y la oposición, sobre todo por dos preceptos: el alquiler forzoso de pisos vacíos en zonas con gran demanda y la posibilidad de que en grandes fincas de nueva construcción del centro de las ciudades también hubiera reservas para VPO.

Con alguna que otra rebaja, la ley se aprobó, pero no todavía el plan territorial que la acompaña y debe servir para todo su despliegue. Los responsables de Vivienda albergan la esperanza de que ese documento pueda aprobarse por decreto en diciembre.

El segundo gran texto es el Pacto Nacional por la Vivienda, el primero de los acuerdos sectoriales que el Ejecutivo catalán firmó con empresarios en 2007, sindicatos y organizaciones sociales, aunque en este caso el escollo del alquiler forzoso hizo que CiU no se sumara al pacto. El instrumento ha servido para guiar y evaluar las políticas de vivienda. Los retos se van cumpliendo. El Gobierno catalán ha puesto énfasis en la rehabilitación de edificios -se han reformado 117.000 viviendas-; las ayudas al alquiler se han convertido ya en prestaciones públicas a la vez que se han multiplicado por 14 en cinco años y llegan a 31.100 hogares; Cataluña tiene reservas de suelo para 254.000 viviendas protegidas, y cada año se inician unas 10.000 VPO, el doble que en 2003.

La crisis, sin embargo, ha hecho mella en la política de vivienda. Antes del verano de 2009, en plena tormenta financiera, el Gobierno tenía congelados hasta 33 proyectos de pisos sociales porque no hallaba crédito en las entidades financieras. En esa misma época, las listas de adjudicatarios de viviendas protegidas iban corriendo y sus clientes se quedaban sin casa porque el banco no los consideraba aptos para recibir un préstamo. Tras un exabrupto del consejero del ramo, Francesc Baltasar, que planteó que el Instituto Catalán de Finanzas sustituyera a la banca tradicional y despachara con los ciudadanos -lo cual está prohibido en sus estatutos-, el Gobierno fue amarrando compromisos de las entidades financieras. Y cuando parecía que el crédito para la VPO se reactivaba este año, llegó el plan de austeridad del Gobierno central, que deja a Cataluña con menos dinero que otros años para la vivienda social de alquiler.

La Generalitat tampoco ha conseguido que las entidades financieras firmen un acuerdo para abordar las ejecuciones de hipotecas en caso de impagos. El Gobierno pretendía que los bancos cancelaran la deuda a cambio del piso y que el comprador pasara a ser su inquilino. No pudo ser, y solo ha habido acuerdos en casos concretos y en ocasiones han respondido a decisiones estratégicas de las cajas, preocupadas por sus tasas de morosidad.

Otras políticas sencillamente han quedado desfasadas, sobre todo las que buscaban promover pisos con precios concertados, a medio camino entre los del mercado libre y los protegidos o bien algunas subidas del precio para hacer que la promoción de VPO fuera más atractiva para los promotores. Sin embargo, la Generalitat considera que se trata de medidas que pueden quedar aparcadas hasta que otro boom las vuelva a hacer necesarias.