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España pide que la ONU vigile los derechos humanos en el Sáhara

Jiménez propone a Clinton mayor implicación política en la antigua colonia

España aboga porque las Naciones Unidas "amplíen sus capacidades para la vigilancia y protección de los derechos humanos" en el Sáhara Occidental, según dijo ayer la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, tras reunirse en Lisboa con la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton. La jefa de la diplomacia española recordó que las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU aluden a la "dimensión humana" del conflicto en la ex colonia española, por lo que la atribución a la Misión de Naciones Unidas para el Sahara (Minurso) de competencias para vigilar el respeto a los derechos humanos "podría ser una de las posibilidades". Aunque se remitió a una proposición en esa línea aprobada en 2009 por unanimidad en el Congreso de los Diputados, lo cierto es que el Gobierno ha eludido en los últimos años apoyar esta demanda, que rechaza de plano Marruecos.

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La ministra dice que el permiso de Rabat a periodistas es "un primer paso"

Tras el desmantelamiento por la fuerza, el pasado 8 de noviembre, del campamento saharaui de Agdyem Izik, en las proximidades de El Aaiún, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han insistido en la necesidad de que se dote a la Mimurso de esta competencia, que tienen la mayor parte de las misiones de la ONU. El enviado de Naciones Unidas para el Sahara, el estadounidense Christopher Ross, ha barajado otra posibilidad: encargar esta tarea al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Lo cierto es que las carencias de Minurso dificultan la realización de una investigación imparcial como la que reclama el Gobierno español, entre otros.

La ministra española hizo estas declaraciones tras entrevistarse durante 40 minutos, en un receso de la cumbre de la OTAN en Lisboa con Hillary Clinton, a quien propuso una mayor implicación política de los países del llamado Grupo de Amigos del Sáhara (EE UU, Rusia, Francia, Reino Unido y España), en apoyo a las conversaciones directas que mantienen en Nueva York Marruecos y el Frente Polisario. Hasta ahora, las reuniones del Grupo de Amigos han tenido carácter técnico y los Gobiernos han estado representados por un director general como máximo. Lo que España quiere es que participen cargos políticos, para que sus deliberaciones tengan más peso. Según Jiménez, la secretaria de Estado norteamericana consideró "importante" la propuesta y se comprometió a estudiarla, al igual que el responsable de Foreign Office, William Hague, con quien se reunió a continuación.

Respecto al permiso de entrada en el Sáhara concedido por Rabat a periodistas españoles, aseguró que se trata de "un primer paso" y que el Gobierno sigue haciendo gestiones para garantizar el libre acceso de todos los medios de comunicación españoles.

Clinton abordó también con Jiménez la situación del conflicto de Oriente Próximo, Cuba -tras la liberación de presos políticos y la flexibilización de la postura de la UE- o Venezuela y la invitó a viajar a Washington a principios del próximo año. Mientras, la ministra de Defensa, Carme Chacón, se reunió con su homólogo británico, Liam Fox, con quien acordó intercambiar información sobre la infiltración de insurgentes en las fuerzas de seguridad afganas, como la que mató a tres españoles el pasado 25 de agosto.

Por su parte, Zapatero restó importancia al hecho de que sean los propios ministros quienes participen en la reunión del Grupo de Amigos del Sahara promovida por España. "Es secundario el nivel de una reunión u otra, lo importante es que los Gobiernos estén comprometidos", aseguró. Tras reconocer que es "dificilísimo" que Marruecos y el Frente Polisario lleguen a un acuerdo sobre el futuro del territorio, agregó que el papel de los países a los que preocupa este conflicto es "apoyar, incentivar y estimular a las dos partes a que dialoguen más a fondo que nunca". Saliendo al paso de las críticas por no haber condenado los últimos episodios de violencia en El Aaiún, subrayó que a los Gobiernos se les debe pedir "responsabilidad, prudencia y moderación" y que, para poder ayudar, "hay que mantener la capacidad de ser interlocutor entras las partes".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 21 de noviembre de 2010