Un juez exige que la SGAE deje Boadilla en 10 días

Diez días. Ese es el plazo que ha dado la secretaria del Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid al Ayuntamiento de Boadilla (43.400 habitantes) y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) para que esta última abandone el palacio del Infante Don Luis. De esta forma, se ejecuta la sentencia de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que consideró que la concesión municipal se realizó "con total desconocimiento" del procedimiento y de los requisitos que lo regulan.

La orden de ejecución del Juzgado Número 1 fue notificada ayer a las partes. En la misma consta que las partes (el Ayuntamiento y la SGAE) tienen un plazo de 10 días desde la recepción del escrito para cumplir la sentencia del TSJM, ya que esta es firme. El Consistorio, que puede recurrir la orden de desalojo del palacio, fue demandado por el abogado y portavoz de Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo Álvarez.

El Ayuntamiento es favorable a la ejecución inmediata del fallo

El convenio se firmó en noviembre de 2006 entre el Ayuntamiento de Boadilla y la SGAE, que quería trasladar allí la Fundación Autor. Este organismo tendría el edificio por un periodo de 75 años. Para ello se comprometía a una inversión de 30 millones para restaurar el inmueble, que data de 1765 y fue construido por el arquitecto Ventura Rodríguez. En aquel entonces era alcalde de la localidad Arturo González Panero (PP), imputado en el caso Gürtel como supuesto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad.

El alcalde que sustituyó a Panero, Juan Siguero (PP), rescindió a finales del pasado mes de mayo el contrato con la SGAE. El nuevo regidor justificó su acción en que la reforma de la entidad de los autores no se ajustaba a las especificaciones técnicas de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, sobre todo, tras los restos arqueológicos hallados en el jardín del palacio. El edificio está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que cuenta con la máxima protección urbanística. Para hacer en él cualquier actuación deben contar con el visto bueno del Gobierno regional.

La sentencia del TSJM anuló el fallo previo del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1, que desestimó en primera instancia la denuncia de Ángel Galindo. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia dejaron claro que hubo bastantes irregularidades en la concesión del inmueble. Entre ellos destaca que no fue aprobado con carácter previo el proyecto de obras antes de la adjudicación y la concesión.

Galindo se mostró ayer muy contento por la decisión del juzgado, ya que este disponía de plazo hasta el 4 de diciembre para ejecutar la sentencia del TSJM. "Me parece fenomenal que no tenga que acudir a la ejecución forzosa", destacó el portavoz de APB. Fuentes del equipo de gobierno de Boadilla se mostraron favorables a la decisión judicial. De este modo se aceleran los plazos para concluir con el proceso con la SGAE.