Otro frente más en Mercasevilla

En el escándalo de la gestión irregular de la empresa pública Mercasevilla se ha abierto otro frente. Antonio Garrido Santoyo, secretario de política municipal en la ejecutiva del PSOE de Baeza (Jaén), figura como un trabajador beneficiado por el Expediente de Regulación de Empleo que acometió la empresa en 2007 pese a que nunca trabajó en Mercasevilla. Garrido dimitió anoche de la ejecutiva.

La juez Mercedes Alaya investiga ahora este extraño detalle que puede esconder otro escándalo más de un caso de cada vez más envergadura. Desde que dos empresarios destaparan un intento de soborno de la cúpula directiva, el caso ha sumado imputados y no ha parado de crecer. La última vía indaga en las irregularidades financieras, a las que estaría vinculada la aparición del nombre del dirigente socialista entre las pólizas de los prejubilados de la empresa, tal y como ha denunciado el PP ante el juzgado.

La relación de prejubilados que salió de Mercasevilla para que la Consejería de Empleo diera su visto bueno no incluía el nombre de Garrido, según el comité de empresa. Esto supondría que el dirigente socialista debió ser incluido en el listado desde la propia consejería o posteriormente desde el Banco Vitalicio, que ordenó los pagos de las pólizas. De momento no hay constancia de que Garrido percibiera más de 112.000 euros, tal y como refleja el documento de las pólizas. El dirigente socialista negó el pasado lunes haber cobrado dicha suma. Mientras, la consejería rechazó confirmar si el documento ya incluía el nombre de Garrido cuando se lo envió Mercasevilla o si fue añadido en la sede de Empleo. "No me cabe en la cabeza que el Vitalicio se invente un nombre", reflexionaba ayer Rafael Domínguez, presidente del comité de empresa.

La persona que autorizó la póliza de 3,4 millones para 19 ex trabajadores de Mercasevilla entre los que figuraba Garrido es el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero. Este alto cargo ya apareció salpicado en el caso cuando el empresario Antonio Pardal le acusó de ofrecerle concesiones ilegales como un centro de la ITV.

El ex director de Mercasevilla imputado en la causa, Fernando Mellet, aseguró que no conoce a Garrido y que el listado de trabajadores que él envió a la Junta no incluía su nombre, según la defensa de Mellet. La consejería se limitó ayer a recordar que había enviado a la magistrada toda la documentación del ERE, además de añadir que "no tiene ningún compromiso administrativo para el pago de prejubilaciones en Mercasevilla respecto al ERE de 2007", cuyo coste asciende a nueve millones de euros. A pesar de que el comité de empresa ha esgrimido diversa documentación de dudosa procedencia que acredita el compromiso de la Junta para el pago de las prejubilaciones junto a la empresa municipal sevillana, Empleo ha negado dicho compromiso en diversas ocasiones.

Mientras que el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Alberto Moriña, apostó por que "se esclarezca" el caso, el PP advirtió de la amistad de Garrido y Juan Lanzas, ex sindicalista y supuesto conseguidor vinculado a la concesión de una escuela de hostelería que desencadenó el caso. A medida que la investigación avance, Garrido, Guerrero y los responsables del Banco Vitalicio declararán previsiblemente ante la juez para aclarar los detalles de este turbio asunto. Otro más del caso Mercasevilla.