Las 'low cost' cargan contra Spanair

Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Competencia, recibió ayer una carta en su despacho de Bruselas. Se la enviaba la Asociación Europea de Líneas Aéreas de Tarifas Bajas (ELFAA), una agrupación a la que pertenecen compañías como Ryanair, Vueling e Easyjet. Aseguraban estar muy preocupadas por las continuas inyecciones "aparentemente sin control" de los Estados a las aerolíneas. Pero solo apuntaban con el dedo un caso concreto: Spanair. Tachan las inversiones de la Generalitat en esta aerolínea de "flagrante violación" de la legislación europea.

John Hanlon, secretario general de esta asociación, es quien firma la misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Pide a Almunia que se lleve a cabo una "investigación urgente y completa" de las "ayudas". Aunque esta asociación ya realizó dos quejas antes, es la primera vez que las remite directamente al primer nivel político de la Comisión Europea.

Algunas de las empresas denunciantes reciben subvenciones

Spanair siempre ha negado recibir ningún tipo de subvención. Defiende tener inversiones, no ayudas. En múltiples ocasiones, Ferran Soriano, presidente de la compañía catalana, ha recordado que son otras muchas compañías de bajo coste las que reciben dinero.

Ryanair se embolsa al año cerca de 8,5 millones de euros en ayudas público-privadas por operar en aeropuertos de Reus, Girona y Lleida. Vueling, por su parte, recibe hasta 800.000 euros por volar desde Lleida. Transavia, que también forma parte de la asociación que firmó la carta ayer, tiene una subvención por volar desde Girona. Todas esas ayudas, sin embargo, no están consideradas ilegales, ya que se estipulan como contraprestaciones como promoción turística.

Aun así, la asociación de aerolíneas low cost cargan contra la última inyección conocida en Spanair, la de Cimalsa. En el consejo ejecutivo del 2 de noviembre denuncian la ELFAA, se autorizó a la corporación de infraestructuras públicas Cimalsa a inyectar 20 millones de euros a Spanair, y "la decisión no fue comunicada públicamente como ocurre habitualmente" ni se explicó a la prensa. "La decisión empezó a circular como un rumor que finalmente fue publicado por los medios el 6 de noviembre", se quejan. Denuncian, además, que Cimalsa, que se creó para promocionar y operar infraestructuras "como el aeropuerto de Alguaire", se convierta en operador de vuelos.

El texto recuerda también que Spanair está participada al 19,9% por SAS, "compañía que también recibe ayudas estatales de sus gobiernos-accionistas". Por esa razón, "Spanair se está beneficiando del apoyo de los contribuyentes tanto de España como de Escandinavia". Las ayudas, dicen, no se pueden apoyar en el hecho de que la compañía sea estratégica para convertir el aeropuerto de El Prat en un hub, ya que hay muchas más aerolíneas que ofrecen ese servicio.

Las ayudas a Spanair, dicen, han permitido a esta compañía "librar una guerra precios predatoria en rutas operadas por otras aerolíneas que no reciben esas ayudas" y "derrochar en campañas de mercadotecnia que están fuera del alcance de sus competidores comerciales".

Spanair está participada aproximadamente en un 40% por la Generalitat. La compañía se embarcó este año en una ampliación de capital de 120 millones de euros. Del total, 40,5 millones los cubrieron bancos y cajas en forma de crédito sindicado. Otros 50 millones han sido aportados por: Fira de Barcelona (participada por el Ayuntamiento de Barcelona); Avança (empresa pública de la Generalitat); IEASA (que incluye inversores privados y públicos), y a través de inyecciones y créditos del Instituto Catalán de Finanzas. La última aportación conocida es la de Cimalsa.