"Imposible aguantar así"

María Zoilo no puede andar. Para moverse tiene que arquear el cuerpo, casi vencido, sobre una muleta y arrastrarse poco a poco por el parqué. Su marido sí puede mover la alargada figura con cierta agilidad. Sobre todo, si se tiene en cuenta que tiene 88 años. Él cuida de su mujer, limpia lo que puede y entre los dos hacen la comida. Hace unos meses les llegó la carta. Les quitaban dos horas de ayuda. La señora que iba de lunes a viernes ahora solo está una hora para bañar a María. Ya. Ninguna otra mano colaboradora para estos dos ancianos. Su caso no es excepcional.

"Les pasa a casi todos los mayores del barrio y esto es imposible de aguantar", dice María, vecina de La Elipa. Lo corrobora una de las trabajadoras de Eulen, una de las empresas concesionarias municipales para estos menesteres: "Tenemos media hora para auxiliar a gente que necesita mucha más atención. Lo hacemos mal y deprisa. Es frustrante y encima fatal para nosotras, que cobramos por hora". Y también lo reflejan las cifras en su formato albarán: en un año se ha pasado de una media superior a las 18 horas mensuales de atención a frisar las 17. Hace tres años eran casi 20, que era la promesa y objetivo electoral confeso del PP.

"Tenemos que hacer todo deprisa y mal", dice una de las auxiliares

"Es cierto que las horas han bajado, pero es porque hay más demanda", argumenta el director General del Mayor del Ayuntamiento de Madrid, Florencio Martín. También recuerda que la atención municipal no es un "derecho objetivo, sino una ayuda que igual que se da se puede quitar".

Martín considera que las críticas son injustas y que el servicio del Ayuntamiento "es ejemplar". Pero también concede que la ecuación con mismo presupuesto y mayor necesidad de gasto no beneficia. "Es lo que hay", concluye estoicamente.La concejal socialista Carmen Sánchez Carazo atiende a esas razones, pero señala que la concejal del ramo, Concepción Dancausa, "es incapaz de reconocer lo que ya es un secreto a voces, que reducen las horas por falta de dinero. ¡Qué lo digan!".

La atención se ha ido reduciendo, como en el caso de Carmen, de 92 años. En junio le llegó la noticia. Le recortaban las horas porque sus hijas se podían hacer cargo de ella. Pero su hija Antonia, la que la cuida realmente -la otra hermana no dispone de tiempo-, casi no se puede cuidar de sí misma por problemas de columna y está de baja laboral. "Solo le puedo hacer la comida", afirma.

Hay muchos más casos. Una vecina de Lavapiés paga unos euros a un vendedor de discos pirata que tiene su tenderete bajo su ventana para que la ayude a cambiar a su marido, inmóvil en su silla. "No podemos con él. Pesa demasiado. Y nos quitan todas las ayudas". Prefiere no decir su nombre, igual que los cuatro trabajadores sociales consultados que coinciden en que la disminución de horas es mucho mayor que la que arrojan las propias cifras.

Tanto es así que la situación no ha pasado inadvertida tampoco para el Defensor del Pueblo que califica la situación de "muy grave" en su anuario del año pasado, en el que recapitula algunas de las quejas recibidas en su oficina. Entre ellas, la de "una mujer de 89 años que recibía desde hace dos años ayuda a razón de una hora diaria, imprescindible para su vida cotidiana, y la vio interrumpida sin explicación alguna". Estas revisiones del número de horas, que Martín defiende argumentando que se basan en una ordenanza municipal de 2009, el Defensor considera que provoca "indefensión en los beneficiarios".

La ordenanza entró en vigor el 1 de octubre de 2009 y recibe el nombre de Ordenanza de Prestaciones de Mayores. La idea era partir de datos de valoración objetivos. El resultado, según dos de los trabajadores sociales que deben ponerla en práctica, es "generar trabajo burocrático y complicar el acceso del usuario a los recursos". Esta norma disparó el gasto en prestaciones y ese aumento provocó un efecto rebote reduciéndose de nuevo la inversión "de manera drástica". Los trabajadores, de barrios como Chamberí o Centro, con mucha población envejecida, tachan de "insostenible la ayuda y peor aún en combinación con la Ley de Dependencia, que en la Comunidad se aplica de la manera tan deficiente como se aplica".

"Alguna gente de un mismo edificio tiene muchas horas y otros ninguna teniendo el mismo grado de necesidad", denuncia otra trabajadora. Ello se debe a que algunos se rigen por la nueva norma y otros heredaron la antigua. "Un caos que no beneficia a nadie", insiste.

En las circulares que llegaron a los trabajadores se puede leer que revisen las horas que se concede a los usuarios. "Pero esa revisión también puede ser al alza", subraya Martín, que en cualquier caso considera básico que "deja una horquilla de mínimos que siempre se respeta".

María Zoilo no entiende cuál fue su política de mínimos. Y por eso su marido sigue yendo a la junta de distrito para hablar con los trabajadores sociales y mostrarles los informes que reconocen la incapacidad de su mujer en casi el 70%. "Y aun así no me dan nada. No lo entiendo". Tampoco le hicieron caso en otra petición. Cuando hace dos meses le llegó la mala noticia de que le quitaban la limpieza, pidió que le quitasen los baños. No le hicieron caso. "Creo que aquí hay un problema de dinero", es su final mientras se apoya en Manuel, su marido: "La única ayuda que el Ayuntamiento no me puede quitar".