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El conflicto del Sáhara

España da prioridad a la relación con Rabat

Zapatero: "El interés del Estado es lo que el Gobierno tiene que poner por delante" - Jiménez exige que se aclare "urgentemente" la muerte de un español en el Sáhara

La posición española sobre la crisis desatada por el desmantelamiento violento del campamento de saharauis cercano a El Aaiún había sido fijada ayer en Seúl por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero: "La relación con Rabat es un tema prioritario, un tema de Estado... Los intereses de España es lo que el Gobierno tiene que poner por delante...". Y así lo hizo ayer la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, que solo pronunció algunas palabras sobre la "grave crisis" y sobre la distinta visión de España y Marruecos sobre la libertad de prensa que podrían molestar muy levemente en Rabat. También exigió que se esclarezca "urgentemente" la muerte de un saharaui con nacionalidad española. Pero no es previsible que las aguas se salgan del cauce. "Marruecos es un socio clave" y las relaciones entre España y este país del Magreb son "sólidas", declaró la jefa de la diplomacia.

"Marruecos es clave y las relaciones con ese país son sólidas", dice Jiménez

"Ningún Gobierno ha condenado lo sucedido en el Sáhara. Ninguno"

Siempre con esta premisa en mente, Jiménez llevó ayer a cabo un ejercicio de equilibrismo respecto a uno de los vínculos bilaterales más delicados para la diplomacia española. Tras varias jornadas de total indulgencia hacia el reino de Marruecos, Jiménez se limitó a definir la toma violenta por la policía marroquí del campamento saharaui, el pasado lunes, como "una crisis grave". Eludió la ministra así toda condena explícita al Gobierno de Rabat por el desenlace de una protesta que ha provocado una quincena de muertes, entre ellos un saharaui con nacionalidad española, en un territorio sobre el que España tiene una responsabilidad especial como ex potencia colonial. La mecha diplomática, no obstante, puede encenderse en cualquier instante a cuatro días de la visita a Madrid del ministro del Interior marroquí.

Jiménez lamentó "profundamente" la pérdida de vidas humanas, se solidarizó con las víctimas, envió un llamamiento a la "contención" de los beligerantes, y proclamó "el compromiso del Gobierno español en la defensa de los derechos humanos". Pero respecto a la crisis desatada en El Aaiún, Marruecos no debe albergar temor a reacciones políticas contundentes. La ministra, al igual que Zapatero horas antes, hizo especial hincapié en la importancia estratégica del vínculo Madrid-Rabat y en los intereses de España. "Es una relación esencial que debemos preservar por razones de seguridad, de combate contra el terrorismo, de control de los flujos de inmigración y del narcotráfico, y por las relaciones comerciales y económicas", afirmó Jiménez, que dotó de cierta solemnidad a su comparecencia. "No tenemos", añadió, "ningún temor a que frenen su colaboración en materia de terrorismo e inmigración porque las relaciones son sólidas".

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la jefa de la diplomacia española aseguró que "hasta el momento hay cierta confusión sobre el alcance de los acontecimientos tanto en un lado como en el otro". A la pregunta de por qué no condena el Gobierno español lo sucedido en el campamento de Agdaym Izik, Jiménez respondió: "Para condenar habría que tener un conocimiento muy concreto" de lo sucedido. También se escudó en la necesidad de tener cautela. "No queremos apresurarnos. Ningún Gobierno lo ha condenado, ninguno". [Horas después de esta declaración, el Gobierno de Venezuela del presidente Hugo Chávez emitió un comunicado para condenar "represión marroquí" contra los saharauis].

Jiménez tan solo se mostró más contundente a la hora de reclamar al Ejecutivo marroquí que esclarezca "urgentemente las circunstancias de la muerte" de un ciudadano español -Babi Hamday Buyema- durante los disturbios. La ministra añadió que se está a la espera de que algún organismo internacional elabore un informe que esclarezca lo ocurrido a comienzos de semana en el campamento montado a 15 kilómetros de la capital saharaui.

Ese esclarecimiento puede hacerse esperar. El bloqueo informativo es casi total y a organizaciones de derechos humanos que trabajan en el Sáhara se les ha prohibido el acceso a la zona de los disturbios. "Hemos reiterado al Gobierno marroquí la solicitud de que se deje trabajar a los periodistas. Lamentamos la expulsión de los periodistas de la cadena SER y pedimos que se restituya la acreditación al corresponsal de Abc", dijo Jiménez. Hasta el momento, sus demandas caen en saco roto.

En el ámbito político español, todo apunta a un debate agrio. El PP pidió la comparecencia de Jiménez en el Senado. Le preguntarán por las medidas que pueda adoptar el Ejecutivo y si este piensa condenar el asalto marroquí al campamento saharaui.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de noviembre de 2010