PSOE y PP aparcan sus diferencias y dan otro paso contra Batasuna

Aislándose del ruido exterior, PSOE y PP dieron ayer juntos un paso más para evitar que Batasuna y sus sucesores puedan estar presentes en las próximas elecciones municipales de mayo de 2011. El Pleno del Congreso admitió a trámite una proposición de ley conjunta de ambos partidos para elevar el listón de exigencias a la izquierda abertzale y dotar al Estado de instrumentos para evitar que puedan burlar la ley. El texto votado ayer permite impugnar candidaturas incluso hasta el final de la campaña electoral (que se cerrará el 20 de mayo) y crea la figura de la incompatibilidad sobrevenida, que permite privar del cargo electo a quien expresamente no condena la violencia.

Votaron en contra los partidos de la izquierda minoritaria y, sobre todo, PNV y CiU, que consideran inconstitucional la reforma. "Es un atajo que defrauda las garantías del derecho punitivo y vulnera derechos", aseguró el diputado del PNV Aitor Esteban. "La incompatibilidad sobrevenida es un concepto jurídico indeterminado", afirmó Jordi Xuclà, de CiU.

CiU y PNV aseguran que la reforma de la Ley Electoral es inconstitucional

El portavoz de ERC, Joan Ridao, fue mucho más allá y afirmó que hay que apostar por el diálogo y pidió la excarcelación de Arnaldo Otegi porque, según dijo, está en la cárcel por "motivos políticos". Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, explicó que la reforma es un "agujero negro constitucional" y que solo debería ilegalizar el Código Penal.

En defensa de la reforma, el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro aseguró que "mientras ETA siga viva, Batasuna no podrá presentarse a las elecciones". Añadió que "con esta propuesta la democracia se dota de instrumentos para que ETA no vuelva a las instituciones, porque el Estado de derecho no puede aceptar espacios de impunidad".

Y el socialista José María Benegas afirmó que "es el momento de hacer ver a los violentos y a sus apoyos que no les quedan más caminos que la cárcel o el abandono de las armas".

Benegas subrayó que "la aspiración de los demócratas es vivir en una sociedad de hombres y mujeres libres sin violencia, en la que se defiendan los proyectos políticos solo mediante la palabra".

Los dos portavoces dejaron de lado las discrepancias que un sector minoritario del PP ha agitado estos días y volvieron a materializar en la votación el pacto antiterrorista que mantienen en esta legislatura. De hecho, el texto pactado es fruto de un acuerdo entre el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Federico Trillo, portavoz de Interior del PP, mucho antes de que ETA anunciara su alto el fuego.

El acuerdo ha sobrevivido a pesar de que el PP ha presionado en las últimas semanas con la idea de que el Gobierno iba a favorecer la presencia de la izquierda abertzale en las elecciones municipales y forales del mes de mayo. Para el Gobierno y el PSOE, la iniciativa votada ayer muestra que no hay cambio en su posición.

La discrepancia quedó en el pasillo, porque mientras se debatía la proposición de ley, el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, arremetía ante los periodistas contra el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y pedía su destitución. El debate no llegó al pleno, pero también en los pasillos el diputado y miembro de la Ejecutiva del PSOE Antonio Hernando pidió al PP que desautorizara a Pons y que "sea responsable en materia de lucha contra el terrorismo y mande callar a sus portavoces".