Otegi se enfrenta a año y medio de cárcel
Arranca el juicio por enaltecimiento del terrorismo en el mitin de Anoeta de 2004
Los dirigentes de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Joseba Álvarez serán juzgados hoy por la mañana en la Audiencia Nacional como autores de un delito de enaltecimiento del terrorismo por el que el fiscal solicita año y medio de prisión para cada uno de ellos. El Foro de Ermua, que ejerce la acusación, reclama dos años de cárcel, mientras que la defensa pide la absolución.
Los hechos ocurrieron el 14 de noviembre de 2004 en el velódromo de Anoeta, en San Sebastián, donde Batasuna, que había sido ilegalizada el año anterior, convocó un gran mitin político con asistencia de unas 15.000 personas para dar a conocer su nueva propuesta política. "Ahora el pueblo, ahora la paz".
Sin embargo, durante el acto se proyectó en una pantalla gigante un vídeo recopilatorio de detenciones de miembros de ETA, concentraciones a favor de los presos de la banda, pintadas alusivas y una sucesión de decenas de imágenes de militantes ya fallecidos, que, según la fiscalía, tenía el claro propósito de "elogiar y homenajear públicamente a la banda terrorista ETA y a sus miembros".
De hecho, el vídeo se iniciaba con la proyección de la foto de Xabi Etxebarrieta, primer jefe de ETA, fallecido en enfrentamiento con la Guardia Civil en 1968, y concluía con la de Oihane Errazquin. Al concluir la proyección, el público coreó numerosos vivas a la banda terrorista, así como la frase en euskera ETA, herria zurekin (ETA, el pueblo está contigo).
La intervención de Otegi fue la de mayor duración, unos 45 minutos, nada más iniciarla se jactó de que era "un acto ilegal, de una formación ilegal y con un portavoz ilegal".
La defensa de Otegi, sin embargo, precisa que el mitin de Anoeta pretendía poner en la agenda política del País Vasco una propuesta de solución del conflicto, a través del diálogo entre partidos políticos, agentes sociales y sindicales y el reconocimiento de los derechos políticos individuales y colectivos. Ello permitiría crear un marco democrático en el que todos los proyectos podrían llevarse a cabo, en ausencia de violencia y por vías políticas y democráticas.
En aquel momento, Otegi era miembro del Parlamento vasco y el acto estaba autorizado. La defensa considera que no hubo delito alguno.
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