El Poder Judicial nombra 56 cargos a la sombra del mercadeo

Robles y Almenar reparten la mayoría de los puestos entre JpD y APM

En dos años, el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha materializado más nombramientos de altos cargos -56 en total- que el anterior en sus seis de funcionamiento, aunque muchos de ellos bajo la sombra del mercadeo. Ha cubierto las presidencias de cuatro de las cinco Salas del Tribunal Supremo, la de la Audiencia Nacional, las de prácticamente todos los Tribunales Superiores y las de 23 Audiencias Provinciales.

A pesar de que este Consejo se conformó con una sensibilidad progresista mayoritaria, el bloque conservador ha aprovechado la desunión entre sus oponentes para colocar a tantos altos cargos como ellos. Pero con un matiz, bastantes ascensos de jueces salidos del lado progresista no son fruto del consenso de grupo, sino de pactos entre el grupúsculo que lidera la progresista Margarita Robles y el sector conservador que encabezan Manuel Almenar y, a veces, el vicepresidente Fernando de Rosa.

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Los pactos unilaterales de Robles son el germen de la fractura y desconcierto reinante en una parte del sector progresista, donde, en privado y en público, se han alzado voces contrarias a esta práctica. Vocales como José Manuel Gómez Benítez o Miguel Carmona, y otros, han arremetido contra los amaños de Robles. El que ha sacado mayor tajada del revuelto río en la izquierda del Consejo ha sido el bloque conservador, que siempre se mantuvo compacto, al menos hasta el pleno del pasado 28 de octubre, cuando, de una tacada, eligió la mayor hornada de presidentes de Tribunales Superiores autonómicos que se recuerda, seis.

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Aunque el enfado venía de atrás, ese día los conservadores Concepción Espejel y Claro José Fernández Carnicero dijeron ¡basta! a las imposiciones de grupo. Y facilitaron la designación de Lorenzo del Río, candidato progresista, para presidir el Tribunal Superior de Andalucía. Desde sus propias filas, cayeron como piedras los reproches: "Han roto las reglas de juego", "son unos tránsfugas, unos desleales...". Fuentes cercanas a Fernández Carnicero y Espejel, muy molestos con "los insultos" recibidos, señalan que sus decisiones partieron de la convicción de que Del Río era el mejor candidato y que las posturas de grupo han de ser "razonadas" y no de mero "seguidismo".

La escenificación de esta ruptura se visualizó en los prolegómenos del pleno que eligió a los citados seis presidentes (entre ellos, a la sustituta del valenciano Juan Luis de la Rúa). Mientras los progresistas debatían sus propuestas en una misma sala, los conservadores lo hacían en dos diferentes: Espejel y Fernández Carnicero, en una; y el resto, en otra. Almenar trataba de aunar criterios. A espaldas de sus colegas, antes de iniciarse el pleno, uno de los vocales discrepantes ofreció lo siguiente al grupo de Robles, según relata un vocal progresista: "Si nos garantizáis que [Vicente] Rouco sale presidente en Castilla-La Mancha, apoyamos a Lorenzo del Río [para Andalucía]". Y así fue.

Espejel quería colocar a Rouco y desconfiaba de algunos compañeros suyos partidarios de posponer el nombramiento de la plaza de Andalucía para luego canjearla, por ejemplo, con la vacante que hay en la Sala de lo Penal del Supremo. Vocales como Antonio Dorado o Pío Aguirre echaban humo tras la votación.

Si por algo es codiciado ser vocal del Consejo, aparte del sueldo y el tratamiento de secretario de Estado, es porque solo desde ahí se puede contribuir a sancionar o a elevar a las alturas de la carrera a un juez amigo.

Sin embargo, esta brecha en las filas conservadoras, quizás momentánea, llega cuando este Consejo ya tiene vendido casi todo el pescado de nombramientos.

Solo quedan por cubrir, aparte del Tribunal Superior de La Rioja, varias vacantes en el Supremo y Audiencias, como la de Barcelona. Fuentes del Consejo interpretan que esta indisciplina "en la derecha del Consejo restará poder a la camarilla Robles-Almenar". "Ahora tendrán más complicado conseguir mayorías para situar a amiguetes y candidatos de sus asociaciones", dicen. Porque las asociaciones y las facciones a las que pertenecen ambos grupos tienen mucho peso en los nombramientos.

En este Consejo, el malestar con la camarilla ha llegado al extremo de que algunos vocales progresistas han preferido votar a un candidato conservador (por ejemplo, la presidencia de la Audiencia de Valencia) para fastidiar la elección de la candidata urdida por Robles y afines. La propia Robles se jactó en febrero pasado, por escrito, de haber colocado a 18 cargos de su asociación, Jueces para la Democracia. ¿Cómo lo hizo? Pactando un reparto de cargos con Almenar, al margen del grupo. Este Consejo es fruto de un pacto entre Zapatero y Rajoy que derivó en nombrar a Carlos Dívar presidente y en el reparto entre PSOE y PP de 18 (nueve cada grupo) de sus 21 vocales, cediendo uno a CiU (Ramón Camps) y otro al PNV (Margarita Uría). Los nueve votos progresistas y los dos nacionalistas eran, al principio, una piña, y siguen ahí. Formaban mayoría simple, pero suficiente para imponer su criterio en todo salvo en la elección de los altos cargos, presidentes de tribunales superiores y magistrados y presidentes del Supremo. El pacto político se cerró porque el PSOE aceptó que los conservadores también tuvieran nueve vocales, la llamada minoría de bloqueo, que obliga a ambos grupos a consensuar los nombramientos más relevantes, que requieren al menos 13 de los 21 votos.

Pero tras las primeras tensiones entre los progresistas (el caso del juez que tuvo en sus manos más tiempo del debido el expediente del supuesto asesino de Mari Luz Cortes, entre otros), Robles reclutó a varios vocales de su grupo, principalmente a Félix Azón, Inmaculada Montalbán y Carles Cruz, y empezó el pasteleo con Almenar, quien a su vez disponía de sus nueve votos y habitualmente también el de Dívar (10). Hasta llegar a 13, los aportaba Robles. Muchos vocales llegaban a la reunión sabiendo que todo estaba pactado. Y acababan apoyando el amaño, o no, en función del candidato. Esa ha sido la dinámica. "¿Esta [vacante] es para vosotros o nosotros?". Con estas palabras han empezado algunas reuniones de la camarilla, según conocedores de las mismas.

La estadística de nombramientos del actual Consejo es un reflejo de esos pactos. Pese a ser minoría, los conservadores se han repartido prácticamente igual número de grandes nombramientos que los progresistas. De los 33 altos cargos designados (los que precisan 13 votos), 13 son propuestas de conservadores y 12 de los progresistas. La izquierda del Consejo se ha decantado dos veces por candidatos moderados de la Asociación Francisco de Vitoria. Los grandes perjudicados, a pesar de que constituyen más de la mitad de la carrera, son los jueces no asociados. Solo han logrado seis nombramientos (a veces porque eran candidatos únicos). Precisamente es entre estos donde se oyen con más virulencia voces contra "las camarillas", "los amaños" y "el amiguismo".

Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial celebrado el pasado mayo.
Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial celebrado el pasado mayo.GORKA LEJARCEGI

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