Las trampas de Trillo

Ha reconocido el PP que a fines de 2009 pagó una minuta de 69.600 euros al bufete de Federico Trillo, uno de sus máximos dirigentes. El principal partido de la oposición ha rehuido aclarar en concepto de qué pagó esa cantidad y ha alegado ser libre de contratar el asesoramiento jurídico que estime pertinente; un principio general inaplicable a un caso en el que concurren circunstancias especiales.

La fundamental, que Trillo sea, además de portavoz parlamentario de la comisión de Justicia y responsable de esa área en la dirección del PP, el principal asesor jurídico para los casos en que se ven involucrados miembros de su partido. Esta minuta parece indicar que el ex presidente del Congreso y ex ministro de Defensa encarga gestiones relacionadas con tales casos a su propio bufete (en el que sus dos hijos figuran como administradores).

La secretaria general, María Dolores de Cospedal, alegó ayer que el PP, acosado por una estrategia en su contra, se ve obligado a mantener una "actividad procesal muy importante" que le obligaría a contratar con distintos despachos de abogados. Eliminaba así la posibilidad de que ese contrato de asesoramiento legal fuera destinado a dar contenido jurídico a una de sus múltiples ofensivas judiciales contra toda ley aprobada sin su voto en el Parlamento, estrategia cuyo diseñador es precisamente Trillo. Pero si tal asesoramiento se inscribía en una estrategia de defensa, el PP debería explicar si pagó para ayudar a alguno de los dirigentes imputados en la trama Gürtel y con cuál de ellos tuvo tal deferencia, toda vez que dejó de pagar al abogado del ex tesorero Luis Bárcenas.

La negativa de ese partido a dar explicaciones sobre los servicios que pagaba esa minuta solo sirve para alimentar la peor de las hipótesis, adelantada por algunas de las fuentes consultadas por EL PAÍS: que corresponde a la defensa de alguno de los acusados del caso Yak-42, que costó la vida a 62 militares españoles de regreso de Afganistán y cuyo proceso se saldó con la condena a tres altos mandos militares. Ello indicaría que Trillo, que nunca asumió responsabilidad política alguna en aquella tragedia que ocurrió bajo su mandato ministerial, no solo maniobró para salir indemne, sino que utilizó las arcas del partido para pagar la defensa de acusados que no eran afiliados. Teniendo en cuenta que una gran parte de la financiación de los partidos es pública, ¿no debería Trillo dar alguna explicación?