Una de errores administrativos

Soy propietaria de una vivienda que vengo alquilando desde hace 17 años, en su mayor parte a inquilinos de procedencia extranjera con los que no he tenido ningún problema reseñable.

Este último mes de mayo, el piso quedó vacío y opté por alquilarlo a través de la Sociedad Pública de Alquileres, principalmente por dos motivos: la no participación en el mercado libre inmobiliario y sus devastadores efectos de todos conocidos, y la garantía que el Ministerio de Fomento ofrece a los propietarios ante posibles eventualidades.

Contacté con la citada entidad, con los siguientes resultados. Pasó mes y medio hasta la formalización del contrato (Kafka, la cosa administrativa no ha mejorado). Durante dos meses, la citada entidad tenía exclusividad y competencia para realizar la operación. Pasaron muchos días sin una señal que indicara que se estaba trabajando en la misma. Llamé y la contestación fue: sí, el expediente está registrado, pero no ha sido publicitado. O sea, desde el 1 de junio al 29 de septiembre no se tramitó nada en absoluto. Ni un perdone, señora.

Finalizado el tiempo que me vinculaba a ellos, les comuniqué que prescindía de sus servicios, y aquí no acaba la historia. Ahora que mi piso está alquilado, la Sociedad Pública de Alquiler lo ofrece, con publicidad en Internet incluida, con lo que me están llamando sin parar.

Estamos ante dos errores en uno (¿alguien da más?). Estamos hablando de lo que yo creía lo más competente en materia de vivienda.

Soy defensora de lo público y contraria a su privatización, y sufro por sus formas encubiertas, eufemísticamente llamadas externalizaciones, y hechos como este me llevan a reflexionar sobre nuestras instituciones y sus trabajadores. Estoy convencida de que el Gobierno que le hinque el diente a la función pública (renovación profunda de sus estructuras, agilidad administrativa, productividad) será un Gobierno verdaderamente progresista, cuando menos valiente.