La fiscal general venezolana reclama a España la extradición de un policía

Arturo Cubillas, el etarra deportado a Caracas en 1989 y cuya extradición ha sido solicitada por el Gobierno español a instancias de la Audiencia Nacional, no acudió ayer a la Fiscalía General de Venezuela para declarar como testigo en la investigación en su contra solicitada por él mismo.

No obstante, la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, anunció que Arturo Cubillas sí asistirá hoy, a las nueve de la mañana, a una "entrevista" en el ministerio público para esclarecer los hechos con los que se le relacionan y que podrían ser constitutivos de delito.

La fiscal Ortega Díaz aprovechó sus declaraciones de ayer para realizar un emplazamiento: "Vamos a ver si con la misma eficacia que hablan, ellos [las autoridades españolas] responden". Y planteo un asunto nuevo. Dijo que España debe efectuar la extradición de Mario Leonardo Rocco, un ex funcionario de la policía política venezolana detenido el 22 de septiembre en Canarias por estar involucrado en la muerte de un estudiante durante la intentona golpista de Hugo Chávez contra el presidente Carlos Andrés Pérez del 4 de febrero de 1992. Lo que no dijo es que Rocco está libre en estos momentos porque el Gobierno venezolano no pidió su entrega.

Arturo Cubillas, funcionario del Ejecutivo de Chávez desde 2005 y actual jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras de Venezuela, ha sido señalado por dos jueces de la Audiencia Nacional de España como supuesto enlace entre ETA y la guerrilla de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El pasado 11 de octubre Cubillas pidió al ministerio público venezolano que abriera un proceso para comprobar la veracidad de las acusaciones en su contra presentadas por los jueces de la Audiencia Nacional Eloy Velasco e Ismael Moreno, y difundidas por los medios de comunicación españoles y venezolanos, alegando "indefensión".

Según estas versiones, al etarra Arturo Cubillas se le considera sospechoso de haber sido el organizador en territorio venezolano de encuentros que han servido para el "intercambio de experiencias, y el adiestramiento militar, entre las FARC y ETA".

El 29 de octubre pasado, España solicitó formalmente a Venezuela la extradición de Cubillas, según informó el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Sin embargo, la fiscal Luisa Ortega Díaz afirmó ayer que no ha recibido aún notificación oficial de esta solicitud. En declaraciones anteriores, Ortega Díaz había insistido en que Arturo Cubillas no puede ser extraditado mientras posea la nacionalidad venezolana.

Arturo Cubillas fue deportado a Venezuela desde Argelia en mayo de 1989, en el marco de un acuerdo suscrito entre los Gobiernos de Felipe de González y de Carlos Andrés Pérez. Desde 2005 trabaja en la Administración pública venezolana: el 20 de octubre de ese año fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras, y desde 2007 es Jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras, que depende del mismo ministerio.

Su esposa, la periodista venezolana Goizeder Odriozola, es actualmente la jefa de relaciones públicas del vicepresidente de la República, Elías Jaua.