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El juez ignoró la alerta de la policía sobre el parricida de Tarragona

El magistrado no halló base jurídica para ordenar más control sobre el agresor

La policía alertó al juez de que la orden de alejamiento impuesta a Abdeslam B., el acusado de matar a cuchilladas a su mujer y a sus dos hijos el mes pasado en Tarragona, no garantizaba la seguridad de la familia. Los Mossos d'Esquadra notificaron este riesgo al Juzgado de Violencia Doméstica tras analizar el informe psicológico del psiquiátrico en el que estuvo ingresado el acusado en 2009. El documento señala que el agresor padece severos desequilibrios y perturbaciones psicológicas, lo que podía derivar en actitudes irracionales y agresivas. Ese diagnóstico motivó que los agentes temieran por la integridad de su esposa. La mujer le había denunciado por malos tratos en octubre de 2009, después de recibir palizas de forma habitual, según los vecinos. Desde entonces pesaba sobre él la orden de alejamiento que no respetaba.

El juez, que recibió la advertencia mediante el informe de los Mossos, según la agencia Europa Press, no halló fundamento jurídico para aplicar medidas más severas contra el agresor, como la cárcel preventiva. Dos meses después de que la víctima denunciara a su pareja, esta solicitó al magistrado que revocase la orden de protección, lo que el juez rechazó dada la advertencia policial. Mantener el alejamiento contra la voluntad de la víctima está avalado por el Tribunal Constitucional como medida para defender a las mujeres, aunque en la práctica muchas siguen viviendo con su maltratador dicte lo que dicte el juez.

Así ocurrió en este caso: el acusado fue detenido en diciembre de 2009 por quebrantar la orden de alejamiento, delito por el que volvió a ser arrestado en enero y luego en abril de este año. Curiosamente, la citación judicial para que acudiera a declarar al juzgado le fue enviada al domicilio de la mujer, a la que no podía acercarse. Los vecinos relatan que la pareja siguió conviviendo con aparente normalidad: las discusiones, los gritos y los golpes no cesaron hasta el pasado 11 de octubre, fecha en la que supuestamente el agresor mató a su esposa y sus dos hijos y los sepultó en la bañera del domicilio con una especie de argamasa con cemento. La policía descubrió los cuerpos una semana después.

El imputado ha declarado ante el juez que no se hallaba en la casa pese a que datos de compañías telefónicas prueban que estaba en Tarragona. También ha esgrimido su estado mental para explicar lo ocurrido. "Declara una cosa y la contraria, no tiene memoria de precisión", argumentó el letrado del imputado, Lorenzo Calero.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de noviembre de 2010