Ayudar al carbón desviste a otros

El carbón español, el autóctono, es más caro (30%) y más contaminante que el mineral importado. Tiene también menos poder calorífico (4.500 termias frente a 6.000). Sin subvención, no sería nunca el preferido de las empresas que queman mineral para producir electricidad en las centrales térmicas. Durante años, mal que bien, todo ha funcionado gracias a las ayudas públicas a un sector que aún emplea directamente a 7.441 personas. Pero la última muleta, el Plan de Reservas Estratégicas 2006-2012, ha tropezado con la crisis y con la caída del consumo eléctrico. Resultado: el carbón autóctono, sin salida, se ha estado almacenando en la empresa pública Hunosa, que compraba la producción de las empresas mineras, desde julio de 2009. El denominado Almacén Estratégico Temporal del Carbón (AETC), según de Industria, ha comprado millones de toneladas de mineral por importe de 215 millones.

La racionalidad económica dice que extraer carbón no se justifica

La esperanza del sector está puesta en el desarrollo de la captura de CO2

¿Cómo arreglar el gran atasco? Tratándose de carbón, la solución parece simple: quemándolo. Pero ¿cómo hacerlo al margen del mercado? ¿Cómo hacerlo si nadie lo quiere por calidad y precio? La respuesta del Gobierno, vía Boletín Oficial del Estado ha sido contundente. El tapón se va a eliminar por decreto, obligando a las empresas propietarias de las centrales térmicas a quemar carbón nacional. La medida, sostienen sus críticos, obedece a razones políticas y contradice la aparente apuesta del Gobierno por las renovables. Pero de no hacerlo, según fuentes de Industria, existía el riesgo real de cierre de las centrales de carbón y, por extensión, de las minas españolas. Todo un problema para un país sin fuentes de energía propias, aislado y con una dependencia energética del 80%, casi 30 puntos por encima de la media comunitaria.

Pero en este caso, un clavo no saca otro clavo, lo hunde más. Quemar carbón nacional supone quemar menos mineral importado, lo que afecta, sobre todo, a media docena de centrales térmicas en toda España que trabajan con carbón extraído en otros países.

Son las centrales de As Pontes, Meirama, Litoral, Lada, Pasajes y Los Barrios, con alrededor de 1.000 empleos directos. La situación en la que quedan esas centrales, y especialmente las gallegas de As Pontes (propiedad de Endesa) y Meirama (propiedad de Gas Natural Fenosa), donde según las empresas se han invertido más de 420 millones de euros en los últimos diez años para facilitar la generación con carbón importado, han agitado la polémica.

Miles de personas han protestado y se han manifestado, en Madrid, As Pontes y Cerceda, contra el decreto aprobado por el Gobierno ante el temor de perder su puesto de trabajo. Ante las protestas, Industria baraja compensaciones que eviten la desaparición de miles de empleos.

La agitación en el sector del carbón es continua desde hace meses. En verano protestaron los mineros de Asturias, León y Palencia, con marchas y encierros. No cobraban sus nóminas porque las empresas mineras presionaban al Gobierno para que abriera -como así ha sido- la mano de las ayudas.

Mientras el Ejecutivo meditaba qué hacer con el atasco del carbón, algunos empresarios del sector, especialmente los grupos más importantes (el grupo Alonso y el grupo Viloria) dejaron de pagar las nóminas de sus trabajadores. Primera polémica: Industria calificó el comportamiento de ambos grupos de "incomprensible, intolerable e irresponsable". Más teniendo en cuenta que el ministerio, a 141.000 euros por minero de media, había adelantado a las empresas desde 2009 cerca de 400 millones, sumadas las ayudas y las compras de mineral por el Almacén Estratégico Temporal.

Aprobado el decreto y resuelto, al menos temporalmente, el problema más grueso de los mineros, se han abierto otros frentes. Las compañías eléctricas, Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola han recurrido el decreto del Gobierno ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo. Consideran que la norma aprobada para apoyar la quema de carbón nacional, denominada real decreto de Restricciones, va contra la libertad de mercado, es antieconómica, antiecológica y agravará la deuda del sector, que tiene pendientes de cobrar cerca de 13.000 millones de euros del llamado déficit tarifario. La Xunta de Galicia ha recurrido también al considerar que "ignora y penaliza a Galicia, traspasando el problema de unas comunidades a otras".

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, resumió la situación ante los analistas en una reciente comparecencia. En su opinión, el decreto aprobado es contradictorio porque supone "apoyar las energías limpias y las más emisoras al mismo tiempo, a la larga es un coste adicional para los consumidores y distorsiona el mercado". "Creo", abundó Sánchez Galán, "que hay un problema social al que hay que buscar soluciones, pero [ese problema] no se arregla estropeando la estructura del mercado ni el modelo actual de lucha contra el cambio climático".

"Es un momento de calma tensa" resume Gonzalo Díez, uno de los responsables de Industria del sindicato CC OO en Castilla y León. Díez, que junto a otros cinco sindicalistas se encerró en septiembre en la sede de Industria en Madrid, cree que el carbón, en España como en Europa, es necesario para asegurar el suministro energético. Y lo es a pesar de que, según admite, "los discursos a futuro no son muy prometedores". Sobre el supuesto perjuicio causado a las centrales gallegas que usan carbón importado, Díez es claro: "No pretendíamos crear otro problema". Y explica que en la negociación con Industria se plantearon medidas para compensar a las centrales afectadas.

Entre presiones, negociaciones y reuniones, el controvertido decreto ha pasado el filtro de Bruselas, que ha fijado el año 2014 para acabar con todas las ayudas a la minería deficitaria. Para justificar el decreto, Industria ha utilizado la norma comunitaria que permite a los países usar fuentes energéticas autóctonas por razones de seguridad de suministro hasta un máximo del 15% de la energía primaria. En conjunto, el carbón (autóctono e importado) cubrió el 12% de la demanda eléctrica en 2009, un tercio del porcentaje de hace una década.

Si se aplica la estricta racionalidad económica, aseguran todos los expertos, la extracción de carbón autóctono no se justifica. Una tonelada de carbón nacional sale por casi 100 euros y una tonelada importada por alrededor de 77. Pero no todo son números. El carbón, destaca en sus documentos la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) es la única fuente energética fósil de la que dispone España. Es, también, la única fuente de empleo en muchas comarcas del país y, socialmente, un nervio que cuando se irrita produce espasmos políticos difíciles de controlar. Las marchas mineras -cascos, buzos, botas, rostros curtidos, carreteras, esfuerzo y cabreo- tienen peso mediático y político. Pueden inclinar balanzas. Suman o restan votos.

Quizá por ello, el Gobierno socialista, que ha hecho de las energías renovables una de sus enseñas, no ha tenido inconveniente -o quizá no ha tenido más remedio- que comprometerse a apoyar al carbón nacional. Costará dinero. En dos años, según cálculos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), un total de 600 millones de euros. Un dinero, aseguran las eléctricas, que va a distorsionar el mercado porque va a desplazar a otras tecnologías de generación de electricidad.

La CNE sostiene que el decreto, que dará salida a millones de toneladas de carbón de las cuencas de Asturias, León y Galicia, no desplazará a las centrales de ciclo combinado (que funcionan con gas), pero sí a las que funcionan con carbón importado. Es suficiente para exacerbar el enfado del sector con el Gobierno. Detrás de ese enfado, además del carbón, está, sostienen las eléctricas, un debate nuclear que no avanza, tarifas que no suben lo que deberían (la parte regulada se congeló para el último trimestre) y un problema, el déficit de tarifa, que no acaba de solucionarse.

La crítica, siempre off the record, es dura. "Cada ministro que pasa por el Ministerio de Industria le cuesta al sector 4.000 millones" asegura un alto responsable de una empresa energética que pide anonimato. Pero la política es la política y el problema de las minas, pese a la pérdida de peso del sector, es serio. No solo en España. Bruselas quiere que la minería deficitaria deje de percibir ayudas en 2014. Pero Alemania, el motor económico europeo, tiene planes para sus explotaciones que llegan, al menos, hasta 2018. España confía en poder sostener el sector al menos hasta 2020.

La cuestión es cómo poner una vela a Dios y otra al diablo sin que se note demasiado. El carbón es contaminante. Muy contaminante. El mundo consume 4.500 millones de toneladas al año, en una tendencia que crece en los países emergentes y la cifra empieza a parecer un lujo para un medio ambiente cada vez más afectado por el cambio climático.

La esperanza está puesta en el avance de la tecnología de captura de CO2. España está desarrollando proyectos en Puertollano (Elcogas) y Ponferrada (Ciuden) para conseguir centrales de carbón no contaminantes. Pero está por ver su desarrollo. Expertos del Instituto del Carbón de Asturias sostienen que la tecnología del carbón limpio puede ser una realidad en pocos años. Países como Noruega estudian vender sus pozos de hidrocarburos agotados como almacenes para los gases de efecto invernadero. Pero, de momento, todo son proyectos. Con un elemento añadido a tener en cuenta. La tecnología del carbón limpio será más cara. Entre otras cosas, porque buena parte de la producción de esas centrales limpias deberá dedicarse a mover las unidades de combustión limpia del carbón.

A la vista de los avances tecnológicos, las decisiones sobre el destino de las ayudas públicas y el resultado que obtienen los grupos de presión, no faltan quienes aseguran que volcar esfuerzos y dinero en la captura de gases contaminantes es mucho menos interesante que apostar por el desarrollo de energías verdaderamente limpias.

Mientras se buscan soluciones al problema de la contaminación, la producción y consumo de carbón en el mundo seguirá en aumento. Las previsiones hasta 2030 apuntan a un importante aumento del consumo, de los 4.500 millones de toneladas al año hasta 7.500 millones de toneladas anuales.

El carbón se encuentra fácilmente (hay enormes reservas en el mundo, especialmente en China), se almacena también con facilidad y puede actuar como respaldo a tecnologías de gran variabilidad. Esas ventajas chocan con el gran problema ambiental que genera. La solución está por llegar.