Guipúzcoa defiende su actuación en el caso de la niña de Zarautz

La Diputación de Guipúzcoa insiste en que sus servicios sociales cumplieron con todos los protocolos de protección y que no apreciaron indicios de peligro en la situación de Aicha S., la niña de 18 meses ahogada el pasado 7 de octubre en la playa de Zarautz. El padre de la menor, un marroquí de 41 años, está acusado de homicidio por la muerte de la pequeña y permanece en prisión sin fianza pendiente de juicio. El caso sigue bajo secreto de sumario.

"Los profesionales no encontraron ningún tipo de indicadores que diesen a entender la posibilidad de encontrarse ante una familia que precisase adopción de medidas legales de protección sobre las dos personas menores de edad a cargo de la madre", explicó ayer en las Juntas guipuzcoanas Maite Etxaniz, la diputada foral de Servicios Sociales, tras detallar las tres intervenciones realizadas desde el 17 de julio hasta el 7 de octubre pasados en este caso por el Servicio Foral de Urgencias Sociales y el Centro de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

Etxaniz compareció en la comisión correspondiente a petición de Aralar para informar sobre los protocolos que se siguieron desde el momento en que Tabita, la madre de Aicha, denunció a su ex pareja por malos tratos y secuestro de la menor.

En las tres ocasiones en que la Diputación ofreció ayuda a Tabita, de origen rumano, fue ella misma quien pidió su salida voluntaria del centro de acogida. La última vez fue el pasado 22 de octubre, cuando la mujer solicitó de nuevo irse.

La Diputación reitera que la madre es la única adulta de referencia de la familia con la que han tenido relación sus servicios sociales. La madre estaba a cargo de los dos hijos porque su pareja no tenía reconocida la paternidad de la niña. "No se puede obligar a una mujer adulta, en su pleno derecho a escoger, a quedarse en un centro de acogida si ella no quiere", explicó Etxaniz.

La portavoz de Aralar, Rebeka Ubera, planteó la necesidad de hacer una "profunda reflexión" sobre lo ocurrido para comprobar dónde está el fallo "porque es evidente que algo no ha funcionado bien". Ubera se preguntó si los niños que viven en una situación de violencia contra la mujer se hallan realmente protegidos.

Etxaniz argumentó que la existencia de una situación de violencia conyugal en una familia no es un indicador suficiente por si solo para asumir la tutela de un menor de edad. "Esto significaría en la práctica un castigo para la madre y los menores, el inicial que se origina con la situación de violencia soportada por la madre e hijos y el posterior de la separación de los mismos", abundó la diputada foral.

El grupo socialista pidió que cambien los protocolos si es preciso para que la persona que entra en un centro de acogida "adquiera un compromiso de pasar un tiempo mínimo" para conocer mejor sus "necesidades y su situación".