Bruselas diseña un plan para intervenir bancos en dificultades

"Es moralmente inaceptable, socialmente injusto y políticamente devastador" que las crisis bancarias "las paguen los ciudadanos". Con estas palabras, Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios, expresó ayer su compromiso para establecer un mecanismo para la gestión de las crisis financieras, que constituye su principal prioridad. A este fin, la Comisión Europea presentó una comunicación en la que profundiza en sus planes para asegurar que sean los propios bancos los que paguen las próximas crisis.

El punto de partida es "que los bancos deben poder quebrar cualquiera que sea su dimensión, igual que cualquier otra empresa". No se puede repetir lo que ha ocurrido con la reciente crisis financiera "que aún no ha terminado" y cuyos costes "han pagado los ciudadanos y alcanzarán a generaciones futuras", según Barnier.

Habrá Autoridades de Resolución en cada Estado con amplios poderes

En el documento presentado ayer, la Comisión recuerda que los Gobiernos europeos han comprometido diversos tipos de ayudas para salvar el sistema financiero, equivalentes en su conjunto al 30% del PIB de la Unión. Las que se han empleado hasta el momento superan el 13% del PIB comunitario.

Bruselas propone una estrategia basada en tres tipos de medidas para dotar a las autoridades nacionales de los poderes y las herramientas necesarias para intervenir en los bancos en dificultades. Barnier recordó que el primer objetivo es establecer un marco europeo de gestión de crisis, actualmente inexistente, a pesar de que un 50% del sistema financiero en la mayoría de países está formado por entidades trasnacionales.

Este marco deberá apoyarse sustancialmente en las autoridades nacionales. Para ello será prioritario que cada Estado miembro identifique la Autoridad de Resolución que contará con los poderes necesarios para intervenir cuando se detecte a una entidad con problemas.

El primer tipo de medidas será de carácter preventivo y se centrará en reforzar los poderes de los supervisores con un endurecimiento de las normas existentes y exámenes más sistemáticos, estableciendo un plan de recuperación por las autoridades con la participación de los bancos. En esta primera fase preventiva se facultará a las autoridades para que puedan reorganizar la estructura de un banco si es necesario.

Un segundo tipo de medidas se aplicará a los bancos que presenten determinados problemas que puedan agravar su recuperación. En esta etapa, los supervisores podrán prohibir el pago de dividendos, cambiar a los gestores y directores, exigir determinadas desinversiones, o poner fin a determinadas actividades. Las autoridades podrán nombrar un nuevo equipo gestor para un breve periodo con el único objetivo de restablecer la solvencia de la entidad.

El tercer tipo de medidas se refiere a las propiamente de resolución y se aplicarán cuando ya no quede más remedio que organizar la quiebra ordenada del banco por las autoridades de resolución.

Estas autoridades podrán decidir la venta de parte de las entidades, constitución de bancos-puente, para preservar las funciones esenciales del banco y permitir el acceso a los depósitos. Las pérdidas serán afrontadas primero por los accionistas, después por los titulares de la deuda subordinada y luego por los titulares de bonos y otros títulos de deuda no subordinada.

Conscientes de que estos recursos no serán suficientes en muchos casos, la Comisión propone la constitución de Fondos de Resolución en cada país, que serán financiados por los propios bancos.

Los detalles sobre estos fondos y otros aspectos de la gestión de crisis se presentarán en una propuesta legislativa la próxima primavera, previa consulta al sector y a las partes interesadas en diciembre.