La UE endurece las sanciones por déficit pero renuncia al automatismo

Los responsables económicos europeos, reunidos ayer en el marco de la Task Force, en Luxemburgo, acordaron ayer reforzar las sanciones a los infractores del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero con mucha menos severidad que la que habían exigido Alemania y la Comisión Europea. El carácter "automático" de las sanciones económicas que había exigido el Gobierno de Berlín para los infractores de los criterios del déficit (3%) y deuda (60%) ha quedado completamente diluido y no tiene nada que ver con las propuestas de la Comisión. También se rebajan las aspiraciones en materia de deuda pública y desequilibrios macroeconómicos, sobre los que no habrá sanciones.

Aunque en Luxemburgo estaban reunida la Task Force, presidida por Herman Van Rompuy e integrada por los ministros de Economía de los Veintisiete, los presidentes del BCE, (Jean Claude Trichet) y del Eurogrupo (Jean Claude Juncker) y el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, las verdaderas decisiones políticas sobre el futuro Gobierno económico de la UE se adoptaron en Deauville (Francia) donde se celebraba una cumbre entre Alemania, Francia y Rusia. El encuentro sirvió para que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, emitieran una declaración formal en la que se establecen las pautas sobre la vigilancia presupuestaria y la coordinación económica.

España logra diluir la propuesta para castigar la falta de competitividad

Sarkozy y Merkel acuerdan impulsar la reforma de los Tratados

A tenor de lo acordado, la Comisión no podrá adoptar directamente decisiones sobre sanciones, sino que, en todo caso, serán adoptadas por acuerdos del Consejo a propuesta de la Comisión. Francia, Italia y España habían insistido en que las decisiones de sanciones deberían adoptarse siempre por un órgano político, como es el Consejo representado por los Estados, y no dejarlas en manos de los técnicos de la Comisión.

La propuesta que impulsaban Alemania y la Comisión es que las sanciones promovidas por la Comisión serían tan automáticas que sólo podrían ser paralizadas por el voto en contra de la mayoría cualificada del Consejo en el plazo de diez días.

Ahora, el automatismo es sobre todo retórico: "Las sanciones deberán ser más automáticas, respetando el papel de las distintas instituciones y según el equilibrio institucional", según la declaración de Deauville.

En la práctica el procedimiento de sanciones queda en manos del Consejo que, contando con la mayoría cualificada, deberá aplicar "sanciones automáticas" si un Estado miembro no ha tomado las medidas correctoras necesarias en el plazo de seis meses. También se ha diluido mucho la pretensión de incluir la deuda pública como referente susceptible de sanción debido a la preocupación que había generado su espectacular crecimiento (1,5 billones en los dos últimos año).

Igualmente se elimina la posibilidad de sanción a los países que sufran fuertes desequilibrios macroeconómicos reflejados en la balanza por cuenta corriente y en la pérdida de competitividad. Ahora, se propone que los Estados que tengan un desequilibro persistente deban ser analizados por el Consejo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, Elena Salgado, ha expresado reiteradamente su rechazo a que los países con desequilibrios macroeconómicos como los de España pudieran ser sancionados.

La declaración franco alemana plantea la necesidad de revisar el Tratado para crear "un mecanismo permanente y robusto para asegurar un tratamiento ordenado de las crisis en el futuro, que comprenda los acuerdos necesarios para una adecuada participación del sector privado". También considera que será necesario revisar el Tratado para que "en el caso de una violación grave de los principios básicos de la Unión Económica y Monetaria se pueda suspender el derecho de voto del Estado afectado". Francia y Alemania han solicitado al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, que presente un mecanismo robusto de resolución de crisis antes de la reunión de marzo de 2011.

Las reformas del Tratado deberán estar adoptadas y ratificadas por los Estados miembros antes de 2013. En la reforma del Tratado se aprovecharán los trámites de la incorporación de Croacia a la Unión prevista para 2012 o 2013.

Por otra parte, el déficit público en Grecia fue en 2009 del 15,4% del Producto Interior Bruto (PIB), tras una revisión al alza desde el inicialmente previsto del 13,6%, según indicaron ayer varios medios griegos citando fuentes gubernamentales. A la espera de que el viernes se publiquen los datos del Eurostat, el servicio de estadísticas europeo, esta nueva cifra estaría casi dos puntos por encima del calculado en verano y por encima del estimado a principios de año. Los medios atenienses indicaron que esta corrección obligará al Gobierno a reducir los gastos en hasta 1.300 millones de euros extra en el año 2011.