Diputaciones y Ayuntamientos deberán tener planes contra el cambio climático
Las instituciones habrán de fijar para 2013 objetivos de reducción de emisiones
Las Diputaciones y los Ayuntamientos de las tres capitales vascas deberán aprobar programas propios contra el cambio climático antes de que finalice 2014 y todas las administraciones y entes públicos tendrán que disponer de objetivos individualizados de reducción de sus emisiones contaminantes ya para 2013. Ambas son las principales novedades de la ley de Cambio Climático, la primera de su tipo en España, cuyo anteproyecto se halla en fase de alegaciones hasta el próximo 2 de noviembre.
Es la primera vez que una normativa del Departamento de Medio Ambiente implica no solo a todas las consejerías, sino al resto de las principales instituciones públicas, desde las Diputaciones hasta los Ayuntamientos, donde se fijan los principales compromisos de la ley.
La ley será la primera en esta materia que se aprobará en toda España
Las grandes obras requerirán un análisis del riesgo de cambio climático
La obligación de elaborar programas propios contra el cambio climático se extiende a los 251 consistorios vascos. Sin mebargo, si las tres capitales dispondrán para ello de tres años de plazo desde la entrada en vigor de la ley, prevista para el otoño de 2011, en el resto de localidades ese periodo se amplía hasta cuatro años, es decir a 2015, según establece el anteproyecto en su artículo 12.
El anteproyecto incluye la elaboración de programas de seguimiento para que se pueda exigir a cada consejería u otra Administración el cumplimiento de lo exigido. "Es un cambio de mentalidad fuerte", apunta a EL PAÍS Francisco Olarreaga, director de Planificación Ambiental del Gobierno.
El anteproyecto pretende que Euskadi cumpla en 2012 los parámetros del Protocolo de Kioto, dejando para ese año en un 14% el aumento de emisiones contaminantes con respecto a 1990. El protocolo fija que dentro de dos años el incremento de emisiones en el conjunto de España debe situarse en un 15% con respecto a dicha base. Los últimos datos del Gobierno autónomo, correspondientes a 2008, situaban en un 18% ese alza.
El anteproyecto de ley no plantea medidas muy concretas ni drásticas, que se deberán desarrollar en los respectivos planes de lucha contra el cambio climático. Olarreaga justifica que las medidas legales planteadas no pueden quedar obsoletas en unos años, y con el fin de buscar un consenso institucional. Por ello se descartan propuestas manejadas hace años, como restricciones en el acceso de vehículos a los centros urbanos -el transporte causa la cuarta parte de las emisiones contaminantes- o el establecimiento de peajes, que ya se toparon con el rechazo municipal.
El anteproyecto plantea la obligación de incorporar tecnologías de eficiencia energética y renovables y que las compras públicas, "donde hay una capacidad fuerte, porque apenas se ha hecho nada", sean verdes para reducir las emisiones.
Las grandes obras, tanto públicas como privadas, deberán incorporar desde la entrada en vigor de la ley un análisis de "vulnerabilidad al cambio climático y las medidas para gestionar este riesgo". El texto incide en el ámbito urbanístico y fija que las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) deberán considerar "la limitación de la extensión de la mancha urbana" o la conservación de las masas forestales.
Tras haberlo consensuado con las Diputaciones, competentes en materia fiscal, el Ejecutivo mantiene los incentivos a las empresas que usen tecnologías limpias, con la misma deducción del 30%. Olarreaga recalca que se actualizará el listado de estas tecnologías, que data de 2006. En todas las viviendas públicas de nueva construcción en que sea posible, un porcentaje que se calcula en un 85%, se instalarán sistemas bioclimáticos o paneles solares.
La ley fortalecerá a la Comisión Ambiental y el Consejo Asesor de Medio Ambiente, que dispondrá de un foro específico sobre el cambio climático. El primero reúne al Gobierno, las institucuiones forales y la asociación municipal Eudel y el segundo, al Ejecutivo y agentes sociales como la patronal, los sindicatos, las universidades y organizaciones ecologistas. Se ha optado por no crear un nuevo órgano "para no generar más gastos", explica el director de Planificación Ambiental.
La normativa no ahonda en la movilidad sostenible, una de las claves para la reducción de emisiones, ya que el transporte es el segundo sector más contaminante, después el energético. La explicación es que se esperará a que el Departamento de Transportes elabore la ley de Movilidad.
Una propuesta retrasada a finales de 2011
Tras la entrada en vigor de la ley, llegará el Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático, la prioridad del Gobierno en materia medioambiental, que deberá desarrollar acciones concretas para reducir emisiones. Aunque la intención inicial era que estuviese aprobado antes del próximo 31 de marzo -el anteproyecto de la ley detalla esta fecha-, deberá demorarse hasta después del verano de 2011, según los cálculos del departamento. "No tiene sentido que esté antes de tener la ley", asevera el director de Planificación Ambiental, Francisco Olarreaga.
Una vez conocidas la alegaciones presentadas al anteproyecto, el Ejecutivo deberá responder a ellas, a partir de lo cual el texto iniciará una larga tramitación interna que se prevé culminar con su aprobación en el Consejo de Gobierno del 31 de marzo de 2011. Ya como proyecto de ley, se enviará al Parlamento para su debate y aprobación definitiva.
La ley regulará también los principales puntos del citado plan, con vigencia hasta 2020. Antes de su aprobación tendrá que ser consultado tanto con la Comisión Ambiental como con el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Cada dos años se elaborará un informe de seguimiento de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y cada cuatro, un estudio sobre el cumplimiento de los ob jetivos de adaptación al cambio climático.
Las diferencias son significativos con respecto al texto que elaboró el anterior Gobierno, que incluía 119 medidas y una inversión de 90 millones de euros, en su mayoría destinados a investigación, informes y acciones de concienciación, sin apenas medidas prácticas. Una de ellas era buscar un acuerdo voluntario con los Ayuntamientos para que el impuesto municipal de circulación se fijase en función de la contaminación del vehículo y no de su potencia.
Aquel documento resultaba excesivamente teórico, según constataron varios expertos en medio ambiente. Los anteriores responsables de la consejería se toparon además con que sus ejes -el plan eólico y el desarrollo de los biocarburantes-se hallaban paralizados.
La revisión del plan será total y la principal modificación es que no será elaborado solo por Medio Ambiente, sino que participará todo el Gobierno. Su vigencia no se limita a 2012 y se revisará ese año, en 2016 y en 2020.
El artículo 12
- 1. (...) "Las Administraciones públicas y los entes del sector público establecerán, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente ley, objetivos de reducción individualizados".
- 2. (...) "Las Administraciones Públicas deberán elaborar programas propios de cambio climático (...) en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente ley, salvo en el caso de municipios de menos de 200.000 habitantes, que desarrollarán los planes en el plazo de cuatro años".
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