Columna
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Patologías democráticas

Más de dos docenas de puestos de órganos constitucionales y autoridades administrativas independientes están pendientes del acuerdo entre los partidos políticos para ser cubiertas. Entre ellos, ocho magistrados del Tribunal Constitucional (los cuatro que corresponden al Senado parecen ya encauzados pero falta, a partir del mes próximo, los cuatro que ha de proponer el Congreso); los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas, que vencen también en noviembre; la renovación del Defensor del Pueblo; la mitad de los puestos de consejero en la Comisión Nacional de la Energía (desde julio de 2008) y de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (desde diciembre de 2008), aunque el proyecto de Ley de Economía Sostenible prevé la reducción de estos dos últimos consejos de nueve a cinco miembros y parece que la renovación se ha retrasado deliberadamente a fin de amortizar las vacantes tan pronto entre en vigor la ley. También está pendiente la renovación parcial del consejo de televisión de RTVE.

Alrededor de 25 puestos públicos están sin cubrir, pendientes del acuerdo entre partidos políticos

Salvo en el caso del Constitucional, no se vislumbran avances ni voluntad de consenso entre el Partido Socialista y el Partido Popular, sobre todo (pero no solo) porque el PP espera a una mejor correlación de fuerzas después de las elecciones generales, que todos los sondeos indican que ganará bordeando la mayoría absoluta.

Se produce así lo que Mariano Bacigalupo, investigador de la Fundación Alternativas, en el marco del Informe sobre la Democracia en España, ha denominado "colonización e instrumentalización partidaria de estas instituciones, que tienden a anular su carácter contramayoritario (que es, sin embargo, su razón de ser), provocando en consecuencia el desmoronamiento de su imagen y prestigio y de la confianza de la ciudadanía en su buen funcionamiento".

Muchas de las patologías que se manifiestan en estas instituciones no se corresponden, como habitualmente se dice, a su politización sino a la "partidización" o, utilizando el neologismo italiano que tiende a convertirse en universal, a su lottización. No hay que confundir neutralidad política con neutralidad partidaria; ninguna función pública es políticamente neutra, pero sí puede ser encomendada a un órgano neutral desde el punto de vista partidario. Entre esas patologías se pueden destacar las siguientes:

-Bloqueos y retrasos interesados en las renovaciones por falta de acuerdo entre las grandes formaciones políticas, normalmente, debida a la ausencia de interés político en que se produzca la renovación. Esto significa que cada vez hay más actores políticos que no detienen la legítima confrontación en las sedes que les son propias sino que, si no logran imponerse en ellas, están dispuestos a continuarla en el propio seno de las instituciones en cuestión.

-Negociaciones de las vacantes por "cuotas de partido": cada grupo coloca sus candidatos con independencia del otro, en lugar de buscar el consenso persona a persona, de modo que su nombramiento no se vincule como propio a ninguno de los grupos negociadores. Este fenómeno se agrava cuando se "empaquetan" vacantes en distintas instituciones (Constitucional, CGPJ, Tribunal de Cuentas, organismos reguladores...).

-Lógica faccional: los miembros acaban actuando en cada vez mayor medida con un grado de alineamiento no muy distinto del que corresponde a la disciplina con la que funcionan los grupos políticos en las instituciones representativas. En ocasiones, esta lógica faccional ha reproducido, en el seno de estas instituciones, los grados de crispación y confrontación que resultan habituales en la vida política.

-Se impone cada vez más en la opinión pública un casi instintivo "afán etiquetador": al nombre de cada miembro de una institución que se pretende independiente se añade de forma indisoluble la sigla de la fuerza política que propuso su nombramiento.

El economista francés Jean-Paul Fitoussi ha calificado a estas instituciones de "ademocráticas" porque son independientes y pueden revisar las decisiones de los poderes políticos o adoptar decisiones al margen de estos.

Bacigalupo entiende que no carecen de legitimidad democrática, ya que sus miembros son nombrados por poderes democráticamente elegidos y ejercen funciones atribuidas por el legislador en el marco de la ley, aunque sus miembros no están sometidos en el ejercicio de sus funciones a instrucción o directriz alguna ni son libremente removibles por pérdida de confianza por los poderes políticos que los han designado. Pero la generalización de las patologías citadas contribuye a desnaturalizar su función delante de la ciudadanía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 18 de octubre de 2010.