El ex obispo de Tui no logra frenar la acusación vecinal en el 'caso Retablo'

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago ha propiciado un nuevo disgusto al ex obispo de Tui José Diéguez Reboredo a propósito del caso Retablo, un sumario de más de 2.000 folios que investiga una red de corrupción generalizada en la restauración de arte sacro en Ourense y Pontevedra y la construcción de albergues para peregrinos, que suma una docena de imputados, entre ellos el propio Diéguez Reboredo. La estrategia de defensa de la Diócesis de Tui pasa por apartar del caso a un grupo de feligreses de Covelo que contribuyeron a mantener la casa rectoral de la parroquia que la Iglesia ofreció como "dádiva" a uno de los principales imputados en este caso, el restaurador de la Xunta Carlos Gómez-Gil. Meses después de hacerse con el inmueble y tras encargar su restauración a las firmas a las que otorgaba contratos, el propio Gómez-Gil intentó venderlo en Internet por 680.000 euros, sin haber pagado uno solo de los seis plazos de 10.000 euros que se comprometió a abonar.

Primero el Obispado alegó que el hecho de que los feligreses contribuyesen a mantener la vivienda con sus donaciones no les otorga ningún derecho sobre ella. Cuando el juzgado aceptó que la asociación vecinal ejerciese la acusación particular, los abogados de la Diócesis de Tui alegaron que el colectivo no adjuntó copia del acuerdo que faculta a su presidente para personarse en el caso. Y argumentaron que resulta improcedente la intervención de los vecinos en este proceso puesto que el bien jurídico protegido por el delito de cohecho responde al interés general y no privado de una serie de vecinos.

En su auto, fechado el pasado 7 de septiembre, el juez tumba ambos argumentos y ratifica que los feligreses podrán ejercer la acusación particular. En los razonamientos jurídicos expone que la ausencia del documento que ampara al presidente para acudir al juzgado es subsanable a lo largo del proceso. Y a continuación añade el auto judicial que, además del presunto daño al interés general, "no es descartable que la actividad delictiva haya producido directamente prejuicios a la asociación por la pérdida de material de uso de los vecinos del lugar, además de a la Administración, por lo que resulta correcto admitir su personación como perjudicado".

Además del ex obispo de Tui, que dejó la mitra poco después de que estallase el caso, el juez ha imputado también al anterior sacerdote de Covelo, José Sobrino Pino, quien pactó la transacción con el restaurador de la Consellería de Cultura ahora imputado. En las conversaciones intervenidas por la unidad de delitos económicos de la Guardia Civil, ambos, Sobrino y Gómez-Gil Aizpurúa, intentan pactar una versión para justificar el bajo precio de la casa rectoral, un inmueble con 4.500 metros cuadrados de finca y alpendre. En la nómina de imputados de la Iglesia figura además Benito Estévez Domínguez, cura de Redondela, miembro del Consejo de Economía del Obispado, a quien también comprometen los pinchazos telefónicos, que revelan el presunto intento de ocultar la trama a la policía.