Pacto de austeridad

La considerable deuda del Ayuntamiento de Madrid, que se aproxima a 7.200 millones y que ha crecido casi un 400% desde 2003, ha vuelto a disparar las alarmas sobre el endeudamiento de las Administraciones locales y autonómicas en España. Los vértices de la polémica hay que situarlos en la petición del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, al presidente del Gobierno para que permita la refinanciación de una parte de la deuda municipal de los ayuntamientos; la reciente intervención del gobernador del Banco de España pidiendo una ley que limite el gasto de las autonomías y la presión del Gobierno para que el déficit público se reduzca al 3% en 2013, según le exigen sus socios europeos.

Los déficits autonómico y municipal tienen causas diferentes, pero en ambos casos confluye el temor del Gobierno por la falta de control en el gasto en esas Administraciones. Este descontrol nace ya en la muy exigua información que tiene el Estado de los gastos e ingresos de autonomías y Ayuntamientos, atribuida a una mala interpretación de la independencia gestora.

El caso del Ayuntamiento de Madrid es un buen ejemplo de estas relaciones difíciles. El alcalde de la ciudad arguye que las competencias entre Administraciones están mal definidas, que el municipio madrileño (como casi todos los de España) cumple servicios propios de la autonomía o del Estado y que, en todo caso, deben financiarse. Hasta aquí, al alcalde le asiste la razón. Los Ayuntamientos necesitan un modelo de financiación distinto del actual (para evitar la corrupción, entre otras razones de peso) y un aclarado completo de competencias, para que se sepa en todo momento de quién es la responsabilidad de la educación o de la seguridad y quién las pagará.

Pero cuando se desciende al asfalto, la cosa varía. No es posible explicar una deuda de 7.200 millones en Madrid solamente por la distorsión de competencias. Es cierto que la ciudad lleva años de obras, la mayoría muy necesarias. Pero ahí no acaba la explicación. En Madrid y en todos los ayuntamientos existe una responsabilidad política en la extensión del gasto público y no solo por las inversiones.Tanto las ciudades como las autonomías necesitan imperativamente un plan de reordenación que evite el colapso.

La emisión de 2.000 millones en bonos para particulares de la Generalitat catalana es síntoma de graves dificultades que aquejan también a otras autonomías. Pero este plan, pactado con los Gobiernos autónomos y con los municipios, debe incluir un compromiso firme de reducción del gasto. El informe que enviará el alcalde de Madrid a La Moncloa para defender la refinanciación de su deuda tendría que incluir una relación de gastos que se recortarán, de empresas municipales que se liquidarán y de sueldos que se reducirán. Solo así es razonable aceptar un pacto financiero, para Madrid o para cualquier otro ayuntamiento o autonomía.