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La Xunta cambia la ley para designar a dedo a 700 cargos administrativos

El Gobierno aprovecha los Presupuestos para modificar una norma del bipartito

La Xunta quiere aprovechar la ley de Presupuestos del próximo año para modificar la Lei da Función Pública y recuperar el nombramiento a dedo de al menos 700 cargos administrativos, a partir de los jefes de servicio, en una práctica que fue común durante la etapa de Fraga al frente del Gobierno gallego. El bipartito reformó la ley para impedir esa práctica pero no la consolidó, ya que no llegó a convocar el concurso para cubrir esas plazas que venían otorgándose por libre designación de los responsables políticos de cada consellería.

El bipartito limitó por ley el sistema de libre designación para los subdirectores generales, las secretarías de altos cargos y "aquellos otros de carácter directivo o de especial responsabilidad para los cuales, excepcionalmente, así se determine en las relaciones de puestos de trabajo". Ahora, el anteproyecto de la ley presupuestaria señala la provisión por libre designación de los puestos de trabajo con niveles de complemento de destino entre el 28 y 30, que identifica en el primer escalón a los jefes de servicio.

Es uno de los aspectos más polémicos de la reforma de la función pública, una "reordenación" en la que la Xunta enfatiza la disponibilidad, tanto horaria como de destino, para dotar de personal a las unidades con mayor carga de trabajo y que los sindicatos rechazan por facilitar la "caza de brujas", sin que el Gobierno tenga que justificar sus decisiones.La "reordenación de recursos humanos", según la Xunta, intenta racionalizar los efectivos de la Administración para aumentar la productividad y eficacia, así como ahorrar costes. A este efecto se dotará de personal a las unidades con mayor carga de trabajo, unos traslados que se quieren aplicar, con carácter general, de modo voluntario, negociando cada caso.

Los sindicatos, sin embargo, reclaman "baremos" objetivos, ya que si no se establece de ese modo qué unidades deben ser reforzadas, los traslados podrán utilizarse "para que se quiten de encima a quien quieran", como castigo o premio. "La Xunta no dispone un mecanismo para establecer dónde hay falta de personal, sino que se da una potestad para mover a cualquier funcionario sin criterio", denunciaron ayer los sindicalistas Francisco Núñez (UGT) y Fernando García (CIG), tras la reunión que mantuvieron con el director general de Función Pública, José María Barreiro, y que tendrá continuidad negociadora mañana.

Los sindicatos incluso dudan de la legalidad de la medida que se propone aplicar la Xunta, por introducirla a través de la ley presupuestaria, y que podría acabar "judicializada" en caso de que las negociaciones no acaben en acuerdo. "No hay ninguna pretensión de consensuar porque no hay margen para negociar, y no lo hay porque no han querido que lo hubiera", anticipó Núñez. "No hay recorrido para la negociación, apenas hay plazo para estudiar las modificaciones", remachó Núñez. "Sólo es un trámite para decir que se negoció", informa Europa Press.

Con esta reordenación se pretende asimismo integrar a un puesto a los numerosos opositores que han obtenido plaza en distintos concursos oposiciones y que se hallan a la espera de que les sean asignadas. También persigue que los funcionarios de mayor rango, además de ser elegidos por libre designación, tengan disponibilidad horaria para que "adapten su jornada de trabajo a las necesidades de la Administración", con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en momentos en que los recursos económicos existentes "limitan el incremento de personal", según aduce la Consellería de Facenda.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de octubre de 2010