El juez del 'caso Millet' obliga a la FAVB y a la Diputación de Barcelona a pleitear juntos

Juntos y revueltos. El juez Juli Solaz ha decidido que la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB) y la Diputación Barcelona ejerzan de manera conjunta la acusación popular en el caso del saqueo del Palau de la Música, de manera que deban actuar bajo un mismo abogado. Se trata de una decisión sin precedentes y que ambas partes han recurrido porque consideran que defienden intereses que no solo son distintos, sino que pueden resultar contrapuestos.

Especialmente crítico se mostró ayer Jaume Asens, uno de los abogados de la FAVB, quien asegura que la decisión es "injustificable y desproporcionada" y que vulnera el derecho de defensa. Según Asens, se trata de otra muestra más del obstruccionismo al que el juez está sometiendo a las acusaciones durante todo el proceso judicial. Especialmente a la FAVB, a la que Solaz exigió una fianza de 6.000 euros para poder personarse y a la que, después de varios meses para recoger el dinero, ahora obliga a ir de la mano de la Diputación de Barcelona, una institución que durante años aportó cantidades de dinero al Palau, y de cuyo consorcio formó parte.

En este sentido, los abogados de la FAVB recuerdan que en estos meses se han mostrado muy críticos con la "impunidad" con la que han actuado los imputados, "articulando un complejo conglomerado de relaciones e intereses que han escapado al control" de las administraciones. Consideran que si los vecinos ejercen la acusación es porque recogen la indignación ciudadana que provocan ese y otros casos de corrupción. Tanto la FAVB como la Diputación de Barcelona han recurrido la decisión del juez, que, de momento, supondrá dilatar o dificultar la instrucción del proceso.

Y frente a esas continuas trabas, los abogados de la acusación censuran el buen trato que desde el primer momento está dispensando el juez a los intereses de la defensa. Solaz tardó más de mes y medio en admitir la querella del fiscal, tres en imputar a los saqueadores confesos Fèlix Millet y Jordi Montull y no permitió que se le preguntaran por hechos distintos a la querella. Y ahora, cuando los informes periciales ya constatan que el botín supera los 30 millones de euros y que se pudo financiar al partido de Artur Mas, el juez advierte que antes de preguntar a los acusados por esos hechos, habrá que justificar el porqué.

Y cuando las defensas le han solicitado una prórroga para estudiar los informes periciales que tienen en su poder desde el 4 de agosto, el juez la ha concedido y ha aplazado tres semanas la ratificación en el juzgado. Con el beneplácito del fiscal y la oposición de la Generalitat.