El Círculo de Economía pide una nueva relación Cataluña-España

La crisis tiene dos caras. Y si hasta ahora los empresarios catalanes se han centrado en las soluciones a la tormenta económica, ayer se encararon a la política. Tres meses después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto y a las puertas de las elecciones autonómicas, el Círculo de Economía, el foro empresarial más influyente, exigió un "nuevo pacto constitucional" que redefina las relaciones "entre Cataluña y España". En la nota difundida por la entidad, los empresarios reclaman un acuerdo "realista" y "sin renuncias" que no pase por elaborar otro Estatuto y que ponga fin al "malestar extendido" entre los ciudadanos que lastra "el progreso del país".

El Círculo de Economía, presidido por Salvador Alemany, emitió ayer la nota de opinión después de consensuarla con toda su junta directiva, donde hay empresarios de todas las sensibilidades, desde el presidente de Vueling y ex ministro del PP, Josep Piqué, pasando por el catedrático Anton Costas o el ex consejero de CiU Joaquim Triadú. En ese órgano están también el presidente de Agroalimen, Artur Carulla; el de Banc Sabadell, Josep Oliu; el presidente ejecutivo de Agbar, Àngel Simon, y el consejero delegado de Irestal y aspirante a presidir la patronal Fomento del Trabajo, Joaquim Boixareu.

A pesar de que la idea de esta nota surgió en julio, los miembros de la junta no recibieron el primer borrador hasta comienzos de septiembre. A partir de ahí, se requirieron tres reuniones y numerosos cruces de llamadas para redactar un texto de consenso. Según fuentes de la junta, el punto de encuentro entre las sensibilidades federalista, soberanista y autonomista fue la propuesta de un "nuevo pacto constitucional". Para el círculo, ese acuerdo, que se configuraría con un amplio acuerdo del Parlamento que salga de las urnas y luego con el concurso de los partidos españoles, debe servir para superar las "claras limitaciones" que el Estado de las autonomías empieza a mostrar tras 30 años de andadura para "encajar las aspiraciones de algunas de sus comunidades", como Cataluña.

Si el texto del Círculo habla de "pacto" y no de "reforma" de la Constitución es porque esta última opción suscitaba algunas reticencias en algunos sectores al tratarse de un cambio jurídico de calado. Aun así, el texto sí advierte que la Carta Magna debe considerarse "un marco dinámico al servicio de la convivencia de los ciudadanos", y no una forma de "sacralizar" la apuesta de hace más de 30 años por la "moderación y el buen sentido", por lo que su propuesta deja la puerta abierta a una eventual modificación de la Constitución.

En general, la nota de la entidad que preside Alemany -a quien CiU ha sondeado para ser su titular de Economía en caso de gobernar- emplea un lenguaje contundente, sobre todo para referirse al contexto político actual como un "callejón sin salida" que puede agravarse por el "habitual paréntesis" que suponen unas elecciones. Desde la junta del círculo se insistió, sin embargo, en que no se trata de "un golpe sobre la mesa", sino de una propuesta de diálogo. Estas fuentes razonan que la prioridad es combatir que la crisis, pero que eso no podrá hacerse al 100% mientras la gente se manifieste en la calle contra el Constitucional. No obstante, otro miembro de la junta enmarcó esta propuesta dentro de una corriente de "soberanismo económico" que ha hecho mella en la clase empresarial catalana, que ya salió en defensa del Estatut cuando lo negociaban los partidos.

Sin embargo, los empresarios piden no volver a pasar otra vez por la redacción de un nuevo Estatut, lo cual entraña el "riesgo de una nueva frustración". Y ahora la ciudadanía, a su juicio, ya vive instalada en una "idea creciente de trato injusto por parte de España, tanto económico como en la falta de reconocimiento de sus legítimas aspiraciones".

El círculo no se olvida en la nota de poner deberes al próximo Gobierno catalán. Además de reconstruir y redibujar las relaciones con el Gobierno central, el principal objetivo debe ser "tomar decisiones", aunque sean impopulares, "para reconducir las finanzas públicas" y mejorar la competitividad.