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La crisis desafía la revolución de Correa

El presidente de Ecuador da marcha atrás y sube el sueldo de policías y militares - La caída del precio del petróleo y de las remesas amenaza su proyecto social

Fernando Gualdoni

Los comerciantes de Quito y Guayaquil se afanan estos días en reconstruir sus tiendas tras los saqueos que se produjeron la semana pasada en medio de la sublevación de los policías contra el presidente Rafael Correa. A pesar de que la capital ecuatoriana ha recuperado la normalidad, el estado de excepción fue extendido ayer hasta el viernes. La rebelión fue un aviso para el Gobierno, que ayer dio marcha atrás y subió los salarios de los militares y la policía, pero también dejó en evidencia la difícil situación económica de un país que gasta más recursos de los que genera. Esta es la amenaza y el gran desafío para el proyecto de Correa, mucho más que cualquier golpe militar.

El Banco Central informó el lunes de que el PIB creció un 2,7% durante el segundo trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2009, uno de los más bajos de Sudamérica junto a Venezuela. La cifra está por debajo de la previsión del Gobierno del 3,7% para 2010. La proyección oficial al empezar el año fue del 6,8% y sobre este porcentaje se calculó el presupuesto. Esto obligó a Correa a poner en marcha la Ley de Finanzas Públicas y la de Servicio Público, origen de la protesta policial del jueves. La primera le da más poder para gestionar la economía y endeudar al Estado, y la segunda, un mayor margen para contener los salarios del gran sector público que él mismo ha creado, que incluye a funcionarios, docentes, médicos, policías y militares. Aunque con los últimos el Gobierno hizo una excepción y subió el sueldo entre un 20% y 25% (400 y 500 dólares) mensuales a mayores, capitanes y suboficiales primeros y mayores, los rangos medios que fueron el germen de la sublevación. También se mantendrán hasta finales de año las bonificaciones y el sistema de condecoraciones que abultan la remuneración de los agentes y militares.

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El presidente, un economista muy preparado en su país, Bélgica y EE UU, apuesta por políticas de expansión del gasto para reducir la desigualdad social. Pero la crisis internacional, la caída de las remesas de los emigrantes (un 5% en el primer semestre, hasta los 1.100 millones), el abaratamiento del crudo, y la falta de inversiones ponen difícil al Gobierno cumplir sus metas. Ecuador, un país dolarizado desde 2000 y sin política monetaria, tampoco tiene acceso a la financiación exterior desde que el presidente suspendió los pagos de la deuda externa en 2008. Desde entonces, el país solo ha obtenido créditos de Irán y China, que los concede a cambio de petróleo.

Desde que llegó al poder en 2007, Correa ha elevado el gasto en educación, sanidad e infraestructuras. La pobreza extrema hoy alcanza al 16,5% de la población cuando hace 10 años era del 40%. En el marco de la "revolución ciudadana", se crearon fondos para financiar pequeñas empresas y se expropiaron millones de hectáreas de tierras para ser entregadas a los campesinos dentro del plan de autosuficiencia alimentaria. Al mismo tiempo, el Estado ha disparado el número de organismos y medios de comunicación oficiales. El déficit público se elevará este año a 4.000 millones de dólares, de un presupuesto de 20.000 millones.

"No hay análisis sobre la eficiencia del gasto y los casos de corrupción se multiplican", dice Sebastián Mantilla, analista del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos. La gran novedad editorial de estos días en Ecuador es el libro El gran hermano, una investigación periodística que revela los jugosos contratos de obra pública de los que se benefició Fabricio Correa, hermano mayor del presidente. Los primeros indicios apuntaban a decenas de millones de dólares repartidos a dedo y ahora se habla de centenares. Fabricio se ha convertido en el peor enemigo de Rafael y allá donde le pongan un micrófono despotrica contra el Gobierno.

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"Los problemas de financiación no son nuevos. Ya ha habido tres reformas fiscales y se prepara una cuarta para finales de año. Todas han buscado aumentar la recaudación", explica el economista Bernardo Acosta. "Además, se ha hipotecado el sistema de pensiones permitiendo al Instituto de Seguridad Social invertir el 75% de su cartera en bonos públicos". La nueva Ley de Finanzas también permite pagar indemnizaciones y pensiones en bonos.

"Es una pena que Correa, que prometió un nuevo Ecuador, esté regresando a las políticas de los setenta, cuando el Estado se endeudó mucho creyendo que los precios del petróleo jamás se desplomarían", explica Acosta. El presidente está decidido a aumentar la producción petrolera y esto lo ha enfrentado con indígenas y ambientalistas, a quienes Correa calificó de "izquierda infantil". "Si los precios del crudo se desploman, puede que Correa se vea obligado a terminar con la dolarización. Ya se baraja esta posibilidad en el Gobierno porque su modelo es insostenible sin política monetaria. Solo pensarlo da escalofríos. Puede provocar una retirada masiva de fondos... La economía es una auténtica bomba de tiempo para Correa", dice Pablo Dávalos, quien fuera el segundo de Correa cuando fue ministro de Economía en 2005.

Una banda militar desfila ante la sede del Gobierno en Quito, el pasado lunes.
Una banda militar desfila ante la sede del Gobierno en Quito, el pasado lunes.ASSOCIATED PRESS

"Maten a ese hijo de puta de Correa"

- La agencia pública de noticias Andes difundió ayer una grabación en la que se escuchan a los policías sublevados que acorralan al presidente. "Maten rápido a ese hijo de puta de Correa, que lo maten para que se acabe esto ya...", dice uno. "Boten bala, no dejen salir a ese maldito (...), ese 'man' no sale si no firma", prosigue.

- "A ver, compañeros, defendamos nuestros derechos pero ese ciudadano que se largue y que deje de ser presidente", dice otro, reclamando calma.

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Sobre la firma

Fernando Gualdoni
Redactor jefe de Suplementos Especiales, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS como redactor de Economía, jefe de sección de Internacional y redactor jefe de Negocios. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, analista de Inteligencia por la UC3M/URJ y cursó el Máster de EL PAÍS y el programa de desarrollo directivo de IESE.

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