Trabajo prevé subvencionar 127.000 despidos en 2011

Una de las medidas estrella -y de las más polémicas- de la reforma laboral consiste en que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pague una parte del coste del despido de los trabajadores indefinidos, la correspondiente a ocho días por año trabajado. Y eso costará a las arcas públicas 100 millones en 2011, según el Ministerio de Trabajo.

No todos los despidos serán subvencionados. Solo los correspondientes a contratos indefinidos firmados tras entrar la reforma en vigor (junio) y con antigüedad de al menos un año. Es decir, solo se pagarán las extinciones a partir de julio. Pero incluso con estas condiciones el Ministerio de Trabajo espera subvencionar unos 127.000 despidos el año que viene (en torno al 10% del total si se toman las cifras de los últimos años).

Pero estos 100 millones recogen solo una quinta parte del aumento del presupuesto del Fogasa en 2011. Según Trabajo, el fondo tendrá que hacer frente el año que viene a unos gastos de 1.400 millones. Esta cifra supone un aumento del 55,6% respecto a este año, todo un indicador de que Trabajo no espera que el mercado laboral se reanime en 2011.

Junto con las cuentas del Fogasa, la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, presentó ayer las del Servicio Público de Empleo, que contará con 37.941 millones. De ellos, más de 30.000 se destinarán a pagar prestaciones y subsidios por desempleo. El resto, unos 7.400, se destinan a políticas activas. Lo más destacable de esta partida es la rebaja en 400 millones del dinero dedicado a pagar bonificaciones a la contratación (2.450 millones).

Por otra parte, ayer los sindicatos enviaron una carta a la patronal instándole a comenzar a dialogar para reformar la negociación colectiva. La reforma laboral da un plazo de seis meses a los agentes sociales para alcanzar un pacto sobre este aspecto del Estatuto de los Trabajadores. Pero temen las centrales que visto que ahora la CEOE va a entrar en un proceso electoral, la patronal deje de lado esta negociación y espere a una nueva acción unilateral del Gobierno, como ya sucedió con la reforma laboral.