Bruselas comprende

La Unión Europea ha dado un respiro a la tensa situación creada por la decisión del Gobierno español de apoyar el carbón nacional. Ha convalidado el real decreto en el que se establecían ayudas al consumo del carbón doméstico fijando una fecha tope a finales de 2014. Dichas ayudas no pueden justificarse fácilmente por la necesidad de garantizar el suministro eléctrico, puesto que en estos momentos el parque español de generación está sobredimensionado, con una de las más altas tasas de penetración de renovables en el mundo y con plantas de ciclo combinado de gas natural que están operando un número de horas muy inferior al previsto en sus planes de explotación. Menos aún pueden justificarse por razones medioambientales, dado que el carbón es el combustible más contaminante y el aumento de su contribución al mix eléctrico no puede sino dificultar cualquier objetivo de reducción de emisiones. Ni tampoco la razón puede ser económica debido al precio comparativamente alto, en términos de energía producida, con relación al importado.

La razón que explica la decisión del Ejecutivo español y de otros gobiernos en Europa es el problema social creado en las zonas que históricamente han vivido de la extracción de carbón para los que no existe, de momento, una actividad económica alternativa. Por eso debe interpretarse el plazo hasta finales de 2014 como un periodo en que es imperativo construir esa alternativa. Son más rentables, desde el punto de vista del interés general y de los propios habitantes de esas zonas, las ayudas para implantar empresas con futuro que seguir subvencionando una actividad que se encontrará una y otra vez con los problemas de distorsión del mercado, la oposición de las autoridades europeas y el perjuicio al consumidor de electricidad.

Todos los agentes sociales involucrados deben concentrarse en una solución a medio y largo plazo, incluidos los propios sindicatos y las empresas de extracción que, en tanto reciben ayudas, no pueden dejar de cumplir sus obligaciones para con los mineros y sus familias como medio de presionar al Gobierno. El mercado eléctrico español tiene características difíciles de gestionar, pero se trata de un sector en pleno desarrollo y necesario para cumplir cualquier meta que se fije en cuanto a control de emisiones, independencia energética y seguridad a largo plazo. No es el caso del carbón nacional.