La Comisión propone duras sanciones para el control del déficit y la deuda

En plena jornada de protesta sindical europea contra las medidas de austeridad, la Comisión Europea presentó ayer seis iniciativas legislativas que incluyen una amplia gama de sanciones para combatir tanto los desequilibrios presupuestarios como los macroeconómicos. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, defendió la dureza de las sanciones previstas de hasta un 0,2% del PIB (unos 2.000 millones de euros en el caso de España), asegurando que estas propuestas "son las mejores para la defensa de los intereses de los trabajadores europeos".

El régimen sancionador presentado ayer afecta sólo a los 16 países de la eurozona y obedece a la voluntad de reforzar el Gobierno económico de la zona euro, que se ha debatido políticamente en el marco de la Task Force. Más adelante se presentarán propuestas para el conjunto de los Veintisiete en las que se establecerá la posibilidad de condicionar los fondos de cohesión u otros fondos comunitarios como los del Desarrollo Rural al cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Tres son las principales novedades de este endurecimiento de la disciplina. En primer lugar se establecen sanciones preventivas de manera que puedan ser multados con depósitos remunerados de hasta el 0,2% del PIB los países que no sigan las recomendaciones de Bruselas, aunque no hayan infringido el pacto.

En segundo lugar se quiere dar la misma relevancia a la deuda que al déficit. Para los países que incumplan, las sanciones serán depósitos no remunerados de hasta el 0,2%, que se convertirán en multa si no se toman medidas correctivas de acuerdo con las recomendaciones.

La tercera novedad especialmente significativa para España es la imposición de sanciones de hasta el 0,1% del PIB a los países que incurran en desequilibrios macroeconómicos. El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, mencionó como indicadores para medir estos desequilibrios la evolución de los costes laborales unitarios, la evolución de la balanza por cuenta corriente y la evolución del mercado de la vivienda, todos ellos muy negativos para el caso de España. Rehn precisó, no obstante, que todo llevaría su tiempo. Las medidas legales no se aprobarán hasta antes del próximo verano, "luego se enviarán recomendaciones a un país, si no las cumple se le advertirá de nuevo, y sólo si es reincidente se propondrá una sanción al Consejo", advirtió Rehn.

Por el momento no se habla de sanciones políticas como la retirada de derecho de voto o la constitución de un sistema de control de los Programas de Estabilidad por parte de expertos independientes, tal como habían pedido tanto Alemania como el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet.